- De acuerdo con una investigación del periodista Arturo Ángel de Milenio, la UIF levantó el congelamiento de dos cuentas del gobernador con licencia definitiva Rubén Rocha Moya, donde recibe tres pensiones; la medida respondió a una orden del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mientras el juicio por su inclusión en la lista de bloqueos continúa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público levantó el bloqueo de dos cuentas bancarias del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras el acatamiento de una medida cautelar que otorgó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
De acuerdo con la información que reveló el periodista Arturo Ángel en Milenio, la autoridad financiera notificó a las instituciones bancarias el levantamiento del congelamiento el 5 de noviembre de 2026, mediante el acuerdo número UIF 110/K/6246/2026.
Las cuentas del exmandatario permanecían inmovilizadas desde mayo de ese mismo año, fecha en que el gobierno de Estados Unidos anunció las acusaciones por narcotráfico en su contra.
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UIF desbloqueó cuentas de Rocha Moya
La primera de las cuentas desbloqueadas concentra dos pensiones: una de viudez a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otra por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En el segundo instrumento financiero, Rocha Moya recibe una pensión por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Autoridades que consultó el periodista Arturo Ángel detallaron que el exmandatario recurrió a los recursos legales a su alcance para recuperar el acceso a sus fondos desde que inició el bloqueo.
El periodista Arturo Ángel infirmó que la UIF, en acatamiento a una orden judicial, desbloquea a Rubén Rocha el acceso a las cuentas donde le depositan tres pensiones.
El juicio ante el Tribunal Federal
Tras la inmovilización de sus fondos, Rocha Moya ejerció su derecho de audiencia ante las autoridades financieras.
Sin embargo, el 4 de agosto de 2026, la UIF le notificó de forma definitiva que su desincorporación de la Lista de Personas Bloqueadas del sistema financiero mexicano no procedía.
Contra esa determinación, los abogados del político promovieron un juicio ante la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, mecanismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó en diciembre de 2021.
Aunque el juicio de nulidad continúa en desarrollo, los magistrados concedieron la suspensión que permitió el desbloqueo de las dos cuentas.
Especialistas explicaron en el reporte original que estas suspensiones resultan inusuales y operan para casos excepcionales. Otros instrumentos financieros que ligan al exgobernador permanecen inmovilizados, ya que la instrucción judicial no los incluyó.
Antecedentes de las acusaciones
El congelamiento financiero originó el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reveló una acusación penal y órdenes de aprehensión que giró una jueza federal de Nueva York contra nueve políticos y exfuncionarios de Sinaloa.
La autoridad estadounidense señaló al entonces gobernador por presuntos vínculos con operaciones de tráfico de fentanilo que atribuyen a la facción de Los Chapitos.
El 18 de mayo de 2026, la UIF anunció su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas a partir de los alertamientos que emitieron los bancos mexicanos.
En aquel momento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el congelamiento e indicó que la acción operaba de forma automática como medida preventiva.
Actualmente, el DOJ considera a Rocha Moya como un prófugo de la justicia. Un gran jurado estadounidense le atribuye tres cargos de conspiración para cometer actividades de tráfico de drogas y delitos violentos con armas de fuego, por su presunta colaboración con Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar para facilitar el envío de narcóticos a territorio estadounidense.
De forma paralela en territorio nacional, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación que mantiene en integración.
El Gobierno de México estimó que requiere pruebas adicionales de Estados Unidos para ejecutar una detención provisional con fines de extradición.
El Congreso de Sinaloa aprobó la licencia definitiva como gobernador de Rubén Rocha Moya el 23 de agosto de 2026.