La UIF ordenó inmovilizar las cuentas bancarias del juez mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia a solicitud de Estados Unidos, por presuntamente recibir sobornos de una red internacional de tráfico de cocaína
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un acuerdo preventivo para incluir en la lista de personas bloqueadas al juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara.
El 5 de noviembre, se reportó que agentes de seguridad en Colombia detuvieron al juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, a quien autoridades de Estados Unidos acusan de recibir un soborno de 2 millones de dólares para ordenar la liberación de Andrew Clark, segundo al mando de la organización criminal que encabezaba el exatleta olímpico Ryan Wedding.
El juez enfrenta desde Colombia un proceso de extradición a Estados Unidos.
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UIF congregó cuentas de juez mexicano
De acuerdo con Milenio, la dependencia federal emitió el acuerdo 4141/2026 para integrar formalmente al juzgador a dicho registro oficial.
Según lo publicado por el periodista Arturo Ángel, esta medida administrativa preventiva obliga a todas las instituciones del sistema financiero mexicano a inmovilizar las cuentas bancarias, así como cualquier instrumento financiero a su nombre, mientras las autoridades competentes desahogan las investigaciones correspondientes por los delitos señalados.
Historial en el Poder Judicial y quejas administrativas
El historial del juez mexicano detalla que laboró durante ocho años ininterrumpidos como juzgador federal dentro del sistema penal acusatorio.
A lo largo de su trayectoria profesional, actuó como juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, recinto judicial donde encabezó audiencias de diversos casos de alto impacto mediático, tales como el expediente Pegasus, la Estafa Maestra y el proceso judicial contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.
A la par del proceso internacional de extradición y del bloqueo de sus cuentas por parte de la UIF, el Tribunal de Disciplina Judicial confirmó mediante una revisión que el funcionario se mantenía como juzgador en activo al momento de su detención en Sudamérica.
Asimismo, el órgano judicial detalló que el magistrado acumulaba cuatro investigaciones en curso ante el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas (OIRA) que originaron quejas administrativas previas.
A estos procesos internos, el sistema judicial sumó un quinto expediente de investigación, el cual comenzó tras conocerse la indagatoria estadounidense por los presuntos sobornos vinculados al caso de Andrew Clark.
Las autoridades de ambos países continúan con el intercambio de información para el desarrollo del proceso penal en curso.
La acusación de Estados Unidos
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche hizo pública la captura en territorio colombiano, que fuerzas policiales ejecutaron en estricto cumplimiento de una ficha roja internacional.
Dicho recurso legal derivó de una orden de arresto que emitió previamente un tribunal estadounidense, donde los fiscales lo acusan de operar a favor de una red internacional de tráfico de cocaína.
Según las acusaciones que formularon los fiscales norteamericanos, el juzgador federal presuntamente recibió cerca de dos millones de dólares a cambio de ordenar en el año 2025 la liberación de Andrew Clark.
Los expedientes señalan a este ciudadano de origen canadiense como el segundo al mando dentro de la estructura criminal que encabeza el exatleta olímpico Ryan James Wedding, presunto líder de una organización transnacional de tráfico de drogas.