- La Unidad de Inteligencia Financiera incluyó a 25 personas físicas y 15 empresas en la Lista de Personas Bloqueadas tras detectar operaciones financieras de riesgo; también presentó una denuncia ante la FGR
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas físicas y morales vinculadas con proveedores electorales a la Lista de Personas Bloqueadas, en medio de los cuestionamientos por las contrataciones de empresas durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este 4 de noviembre que la medida alcanza a 25 personas físicas y 15 empresas, luego de que la UIF identificara operaciones financieras con elementos de riesgo que requieren revisión por parte de las autoridades.
De acuerdo con el comunicado, la dependencia también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades.
UIF aclara que el bloqueo es una medida preventiva
Hacienda precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa, preventiva y precautoria. Por lo tanto, no representa una determinación definitiva de responsabilidad ni acredita que las personas o empresas involucradas hayan cometido un delito.
Además, señaló que quienes fueron incluidos en la lista cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia conforme a la legislación aplicable.
La FGR será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y establecer, en su caso, las posibles responsabilidades.
Proveedores electorales, bajo cuestionamiento durante la gestión de Taddei
Las acciones de la UIF se conocen en medio de las investigaciones y señalamientos sobre empresas proveedoras de material electoral que obtuvieron contratos del INE y de organismos electorales locales durante los últimos años.
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En octubre, reportes periodísticos dieron cuenta de indagatorias sobre una red de empresas proveedoras por posibles irregularidades en contrataciones, presunta simulación de competencia y triangulación de recursos.
El 3 de noviembre, una investigación publicada por Excélsior señaló que empresas relacionadas con el caso obtuvieron contratos por más de mil 803 millones de pesos en al menos 17 entidades.
La UIF no detalló en su comunicado los nombres de las 40 personas físicas y morales incorporadas a la lista, las empresas involucradas ni los montos de las operaciones financieras identificadas.
La dependencia reiteró que sus acciones buscan prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
