- Paulina Gutiérrez Rubalcava confrontó a integrantes del Poder Judicial de Baja California y acusó a juzgadoras de retrasar durante años la atención de su caso; exige una resolución definitiva sobre la custodia y pensión alimenticia de su hija
“Mi hija no es culpable ni responsable de haber sido víctima de violencia”, con ese reclamo, Paulina Gutiérrez Rubalcava expuso ante el Congreso de Baja California los años de violencia familiar y presuntas omisiones judiciales que, asegura, han marcado la vida de su hija y la suya.
Durante la comparecencia del Poder Judicial del Estado ante el Congreso local, la madre de familia confrontó al magistrado presidente, Alejandro Isaac Fragozo López, y señaló directamente a integrantes de la institución por la falta de respuestas en el proceso que mantiene desde hace más de una década.
En su intervención, Paulina dirigió parte de sus reclamos a la magistrada Odette Tapia Palma, a quien cuestionó por su actuación cuando estuvo al frente de su caso como jueza. También denunció que, al solicitarle información correspondiente al periodo 2016-2017, recibió documentación de 2022.
“¿Qué hace usted siendo magistrada?”, cuestionó, al señalar que las autoridades judiciales no han garantizado una respuesta oportuna a las denuncias relacionadas con la violencia que ha enfrentado su familia.
“Seis años de golpes tuvo que vivir mi hija”
Uno de los señalamientos más graves de Paulina fue contra la entonces juzgadora Karla Patricia Amaya Coronado, a quien responsabilizó de no actuar oportunamente frente a las denuncias de violencia que, según su testimonio, sufría su hija desde 2016.
La mujer afirmó que la autoridad tenía conocimiento de la situación de la menor, pero que durante el proceso solicitaba otro número de expediente, mientras la violencia continuaba.
“Seis años de golpes tuvo que vivir mi hija porque usted fue omisa”, reclamó durante su intervención. También acusó a la funcionaria de complicidad por no haber atendido oportunamente las denuncias que estaban bajo su conocimiento.
Paulina sostuvo que el padre de la menor fue vinculado a proceso hasta 10 años después de los primeros hechos que denunció. Por ello, cuestionó que su hija haya tenido que crecer enfrentando violencia mientras las autoridades demoraban en atender el caso.
“Mi hija no tiene por qué pagar la curva de aprendizaje”, expresó, en referencia a las personas juzgadoras que han intervenido en su expediente.
Exige pensión alimenticia y una resolución definitiva
El caso tiene antecedentes desde 2012, cuando Paulina comenzó a enfrentar un proceso relacionado con la violencia que denuncia por parte del padre de su hija.
Entre sus principales exigencias está que se emita una sentencia definitiva, se establezca una pensión alimenticia y se garantice que la menor tenga acceso a sus documentos de identidad, los cuales, según la madre, el padre se ha negado a entregar.
También denunció que esta situación ha impedido que su hija participe en actividades escolares y otras que contribuyan al libre desarrollo de su personalidad.
De acuerdo con la información expuesta por Paulina, desde 2022 se tramita un incidente de modificación de custodia y alimentos, derivado del expediente 708/2012, que posteriormente cambió al número 757/2025 y quedó ante el Juzgado Cuarto Familiar de Mexicali.
La madre advirtió que en febrero de 2027 se cumplirán cinco años sin una resolución definitiva sobre este trámite.
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Además de reclamar por la violencia que ha vivido, Paulina cuestionó que una madre tenga que exponerse públicamente y acudir ante distintas instancias para exigir derechos que deberían estar garantizados para su hija.
“¿Por qué mi hija no tiene todos los derechos que ustedes han anunciado?”, preguntó ante los integrantes del Poder Judicial.
Su exigencia es que el proceso deje de prolongarse y que las autoridades garanticen justicia para su hija, quien, insistió, no tendría por qué cargar con las consecuencias de las omisiones institucionales.
