Las universidades públicas volvieron a sacar a miles de personas a las calles en Argentina. Y no, no fue una protesta “de zurdos que no quieren trabajar”, como suele resumir el ecosistema libertario cada vez que alguien cuestiona un recorte. La cuarta Marcha Federal Universitaria, realizada este martes en Buenos Aires y distintas ciudades del país, tuvo un reclamo bastante más concreto: exigir que el gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y frene el deterioro económico que atraviesan las universidades nacionales.
La movilización reunió a estudiantes, docentes, investigadores, sindicatos y autoridades universitarias. En Plaza de Mayo, una de las principales consignas apuntó directamente al Ejecutivo nacional, acusado de congelar fondos, desfinanciar instituciones y dejar caer salarios docentes en medio de una inflación todavía altísima.
El conflicto viene escalando desde 2024, cuando comenzaron las primeras protestas por el ajuste sobre gastos de funcionamiento universitario. Pero ahora el escenario es más delicado: las universidades denuncian que la caída presupuestaria acumulada ya afecta el dictado de clases, la continuidad de investigaciones, el funcionamiento de hospitales universitarios y hasta la permanencia de docentes que abandonan cargos porque sus salarios dejaron de alcanzar.
Según datos difundidos durante la movilización, las transferencias reales destinadas a universidades nacionales habrían caído casi 46% entre 2023 y 2026. Los gremios docentes también denunciaron que los salarios universitarios atraviesan uno de sus peores momentos desde el regreso de la democracia argentina.
Y ahí aparece uno de los grandes problemas políticos para Milei. Porque el presidente argentino construyó buena parte de su narrativa pública atacando al Estado y prometiendo aplicar una motosierra sobre el gasto público. El problema es que la universidad pública argentina ocupa un lugar bastante especial dentro de la sociedad: funciona como símbolo de movilidad social y orgullo nacional incluso entre personas que no necesariamente se identifican con la izquierda o el progresismo.
Por eso las marchas universitarias logran algo que hoy parece difícil en Argentina: reunir sectores muy distintos bajo una misma causa. En las movilizaciones hubo estudiantes secundarios, madres y padres, investigadores científicos, docentes universitarios y jóvenes que son la primera generación de sus familias en acceder a estudios superiores. También participaron sindicatos y organizaciones políticas opositoras, algo que el gobierno utilizó rápidamente para intentar deslegitimar la protesta y presentarla como una movilización partidaria.
Sin embargo, reducir la protesta a una simple operación política empieza a resultar insuficiente frente al tamaño de las movilizaciones y al desgaste visible dentro de las universidades.
Las historias que circularon durante la jornada mostraban escenas cada vez más frecuentes: profesores trabajando ad honorem, estudiantes que no logran cursar materias completas por falta de docentes y facultades donde los laboratorios o áreas de investigación funcionan con recursos mínimos.
El trasfondo del conflicto también tiene una dimensión más profunda. Lo que se discute en Argentina no es solamente cuánto dinero reciben las universidades. Se discute qué lugar deben ocupar el conocimiento, la ciencia y la educación pública dentro del modelo de país que impulsa Milei.
Mientras el gobierno insiste en que el mercado debe ordenar prácticamente todos los aspectos de la vida social, las universidades representan exactamente lo contrario: la idea de que ciertos derechos no deberían depender exclusivamente de la capacidad económica individual.
Y ahí es donde el conflicto universitario se vuelve especialmente incómodo para el oficialismo. Porque las plazas llenas contradicen uno de los principales relatos del gobierno: la idea de que el ajuste cuenta con consenso social ilimitado mientras afecte estructuras estatales.
La multitudinaria marcha dejó claro que existe un límite político bastante sensible en Argentina: tocar la universidad pública sigue generando una reacción social que ni la motosierra, ni los memes libertarios, ni las cadenas de insultos presidenciales en redes sociales han logrado desactivar.