- Una niña migrante de tres años fue separada de su madre en la frontera de Estados Unidos y trasladada a un hogar de acogida federal en Texas. Durante los cinco meses que permaneció bajo custodia estatal, la menor sufrió abuso sexual
La separación ocurrió después de que su madre fuera criminalizada al intentar cruzar la frontera. Como miles de menores en situaciones similares, la niña fue transferida a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una institución que, en teoría, existe para proteger, pero que en la práctica falló en garantizar su seguridad.
Las niñas migrantes no solo enfrentan el desarraigo y la incertidumbre, también cargan con una exposición desproporcionada a distintas formas de violencia. En este caso, la agresión ocurrió dentro de un hogar de acogida supervisado por el gobierno, evidenciando fallas críticas en los protocolos de supervisión.
Ocultamiento y falta de consentimiento
Las niñas migrantes no solo enfrentan el desarraigo y la incertidumbre. También cargan con una exposición desproporcionada a distintas formas de violencia. En este caso, la agresión ocurrió dentro del mismo sistema que debía garantizar su seguridad: un hogar de acogida supervisado por el gobierno estadounidense.
Nada de esto fue comunicado con claridad a su familia. Cuando fue entregada a su padre, la versión oficial hablaba de un “accidente”. El lenguaje no es menor: nombrar la violencia como accidente no solo oculta lo ocurrido, también diluye responsabilidades.
Fue hasta después, a través de abogados, que el padre supo que su hija había sido abusada por otro menor dentro del mismo espacio institucional.
El caso revela otra capa de desprotección: la niña fue sometida a un examen forense sin el consentimiento de sus padres. En nombre del procedimiento, se repite una lógica donde los cuerpos de las niñas —más aún si son migrantes— quedan disponibles para decisiones tomadas sin ellas ni sus familias.
Este episodio ocurre en un contexto donde las políticas migratorias endurecidas durante la administración de Donald Trump extendieron los tiempos de detención de menores.
Según datos citados por The Washington Post, el promedio pasó de poco más de un mes a casi 200 días. Más tiempo en custodia implica también más tiempo de exposición a entornos institucionales que no siempre están preparados para garantizar cuidado, contención y seguridad.
El problema no es solo de duración. Es estructural.
Cuando el Estado separa a una niña de su madre, asume una responsabilidad total sobre su bienestar. Sin embargo, estos sistemas siguen operando bajo lógicas adultocéntricas, burocráticas y, muchas veces, ciegas al género.
No se trata únicamente de fallas de supervisión: se trata de estructuras que no reconocen las violencias específicas que atraviesan a las niñas. Hoy, la menor vive con su padre y sus abuelos en Chicago, mientras su madre permanece detenida. La reunificación no borra lo vivido. Tampoco repara el daño.
Hablar de este caso no es reproducir el dolor, sino nombrar lo que suele quedar oculto: que las políticas migratorias no son neutras. Y que, en ese entramado, las niñas —migrantes, pobres, racializadas— enfrentan riesgos que el Estado sigue sin asumir plenamente.
Paula Pissaco