- La propuesta incluye la creación de los Calpullis de Paz, juicios orales públicos y la incorporación de agentes psicosociales para evitar que las diferencias vecinales escalen a la violencia
Con el objetivo de prevenir que los conflictos cotidianos deriven en episodios de violencia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Cultura Cívica. Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria explicó que la propuesta plantea una transformación profunda del modelo de justicia cívica en CDMX, apostando por mecanismos de atención temprana, reparación del daño y reconstrucción comunitaria. El proyecto, diseñado durante más de un año en el Gabinete de Construcción de Paz, busca transitar de un sistema punitivo tradicional hacia un enfoque preventivo que atienda las causas estructurales de las infracciones para evitar la reincidencia.
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Los nuevos ejes de la justicia cívica en CDMX
El nuevo modelo normativo articula diez ejes estratégicos, destacando la implementación de juicios orales con audiencias públicas para agilizar las resoluciones y garantizar total transparencia institucional. Además, la estrategia contempla la creación de la figura de agentes psicosociales restaurativos, quienes evaluarán a los infractores para canalizarlos a tratamientos psicológicos, atención de adicciones o programas educativos y de empleo. Como pilar de proximidad, se instalarán los Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, denominados Calpullis de Paz, en espacios de alta afluencia como Utopías y PILARES, donde se ofrecerá mediación vecinal directa apoyada por el programa operativo “La Policía Cerca de Ti”.
En cuanto a la mitigación de la carga judicial, la fiscal general Bertha Alcalde Luján y las autoridades de seguridad detallaron que la iniciativa permite procesar por la vía cívica conductas de baja gravedad. Casos como daños a bienes o sustracción de objetos sin violencia cuyo valor no exceda las 50 Unidades de Medida y Actualización (aproximadamente 5 mil 800 pesos), podrán resolverse mediante arrestos, trabajo comunitario y la estricta reparación del daño. Esta alternativa no modifica el Código Penal ni elimina el derecho de las víctimas a recurrir al Ministerio Público. Para respaldar esta modernización, el gobierno central destinará recursos el próximo año orientados a dignificar y fortalecer la operación de todos los juzgados cívicos en la metrópoli.
