Massachusetts amplió las garantías para acceder a un aborto después de las 24 semanas y la respuesta conservadora encontró una frase perfecta para encender el miedo: “aborto hasta el parto”. El problema es todo lo que esas cuatro palabras dejan fuera. Mientras en Estados Unidos se agita el fantasma de mujeres abortando a punto de dar a luz, en México niñas de 10, 11 y 12 años sí están llegando al parto. Y eso parece provocar bastante menos escándalo.
“Aborto hasta el parto” es la frase con la que sectores contrarios al aborto han resumido una nueva reforma aprobada en Massachusetts y convertido una modificación sanitaria en otra batalla cultural sobre los derechos reproductivos.
La gobernadora Maura Healey firmó una ley que modifica las condiciones para acceder a una interrupción del embarazo después de las 24 semanas. El cambio elimina una lista cerrada de circunstancias médicas y amplía el margen para que profesionales de la salud puedan actuar de acuerdo con su criterio médico.
La reacción de los sectores antiaborto fue inmediata. La Arquidiócesis de Boston lamentó la aprobación de la reforma y volvió a reivindicar la defensa de la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”.
Sin embargo, presentar la reforma simplemente como una autorización del “aborto hasta el parto” construye una imagen de las mujeres que lleva décadas funcionando en el discurso antiaborto: una mujer sin circunstancias, sin historia y prácticamente sin límites que decide interrumpir un embarazo a punto de terminar.
El escenario provoca indignación, pero deja fuera casi todo el contexto necesario para entender qué está en juego.
“Aborto hasta el parto”: ¿quién desaparece de esa frase?
En ese encuadre desaparecen la mujer, su salud, su diagnóstico, las circunstancias de su embarazo y la valoración del personal médico que la atiende. Los abortos en etapas avanzadas no pueden explicarse únicamente contando semanas de gestación y eliminando de la discusión las razones por las que una persona necesita acceder a ellos.
Ese borramiento no es menor. Durante décadas, buena parte de la narrativa antiaborto ha colocado al embarazo en el centro de la discusión y a quien lo cursa en los márgenes.
Por eso, “aborto hasta el parto” funciona como una consigna eficaz. No necesita explicar quién requiere ese aborto, cuáles son sus circunstancias o por qué un equipo médico considera necesaria la intervención. La frase instala una imagen lo suficientemente perturbadora como para que esas preguntas queden relegadas.
Mientras Estados Unidos vuelve a discutir el aborto a partir de ese escenario, mirar hacia México permite observar el debate desde otro lugar.
Las niñas que sí llegan al parto
En México no hace falta imaginar qué significa que alguien extremadamente joven llegue al final de un embarazo. Durante 2024, 7 mil 855 niñas y adolescentes menores de 15 años fueron madres. Tres tenían apenas 10 años, otras 32 tenían 11 y 195 tenían 12.
Esas cifras hablan de maternidad infantil, pero también de violencia. Entre las madres de 10 a 17 años registradas ese año, la diferencia promedio de edad respecto de quienes aparecen registrados como padres fue de 15 años. Hace apenas unos días, México discutía el caso de una niña de 11 años de Tamaulipas que llegó a los cinco meses de embarazo después de una violación atribuida a su padrastro.
El contraste resulta difícil de ignorar. Mientras la posibilidad de un aborto en una etapa avanzada del embarazo genera discursos sobre la defensa de la vida, miles de niñas mexicanas siguen llegando al parto en contextos atravesados por violencia sexual. La defensa de la vida también tendría que incluir la vida, la salud y los derechos de esas niñas.
Tener derecho al aborto tampoco significa poder ejercerlo
México cuenta con herramientas legales para atender al menos una parte de estas situaciones. La NOM-046 establece que, cuando un embarazo es producto de una violación, las víctimas pueden acceder a una interrupción sin necesidad de presentar previamente una denuncia. En el caso de menores de 15 años existen disposiciones específicas para solicitar el procedimiento.
Sin embargo, la existencia de una norma no garantiza por sí sola el acceso efectivo al aborto.
El desconocimiento del personal de salud, las dificultades para canalizar a las víctimas, el miedo a proporcionar información y las instituciones que trasladan responsabilidades siguen funcionando como obstáculos para ejercer un derecho reconocido.
Por eso, la discusión mexicana tampoco puede reducirse al número de estados que han despenalizado el aborto. Cuando una niña víctima de violación desconoce sus derechos, una institución no le proporciona información o un servicio de salud no responde a tiempo, la posibilidad legal de interrumpir el embarazo puede existir en el papel y no materializarse en su vida.
¿Por qué escandaliza más un aborto que una niña pariendo?
Massachusetts y México tienen legislaciones, sistemas sanitarios y contextos políticos diferentes. El contraste entre ambos casos no busca presentar a un país como modelo y al otro como ejemplo de lo que está mal. Permite observar qué situaciones despiertan indignación pública y cuáles terminan normalizándose.
La expresión “aborto hasta el parto” genera una reacción inmediata porque construye un escenario extremo. Sin embargo, tres niñas de 10 años parieron en México en un solo año. También lo hicieron 32 niñas de 11 y 195 de 12 años.
Esos partos no son escenarios hipotéticos ni consignas utilizadas en una disputa política. Ocurrieron.
El movimiento feminista latinoamericano lleva años insistiendo en que las niñas no son madres, son niñas, y que los embarazos infantiles deben analizarse desde la violencia sexual, los derechos de las infancias y el acceso efectivo a la salud.
Mientras el debate público discute hasta dónde puede llegar el derecho de una mujer a interrumpir un embarazo, miles de niñas siguen llegando al parto sin haber tenido las condiciones necesarias para ejercer sus propios derechos. El verdadero escándalo también está ahí.