Una adolescente enfrenta un proceso por el presunto homicidio de su recién nacido en Gómez Palacio, Durango. La Fiscalía descartó que se tratara de un aborto y sostiene que el bebé tenía alrededor de 37 semanas de gestación. La investigación busca esclarecer qué ocurrió al momento del nacimiento, pero deja abierta otra parte de la historia: qué pasó con esa menor durante prácticamente nueve meses de embarazo.
Una adolescente de Gómez Palacio, Durango, enfrenta un proceso penal por el presunto homicidio de su recién nacido. El caso comenzó a investigarse después de que las autoridades recibieran el reporte de una persona lesionada por lo que inicialmente se consideró un posible aborto.
Las diligencias cambiaron el rumbo de la investigación. La Vicefiscalía Región Laguna informó que el cuerpo de un recién nacido fue localizado afuera del domicilio de la adolescente y que, debido a las lesiones encontradas, el caso fue clasificado inicialmente como homicidio calificado.
El vicefiscal Juan Francisco Ángeles Zapata señaló que el bebé tenía aproximadamente 37 semanas de gestación. La adolescente fue detenida y posteriormente puesta a disposición de un juez especializado en justicia para adolescentes.
El juez decidió que enfrente el proceso en libertad y estableció medidas cautelares tomando en consideración sus condiciones de salud. Esto no significa que haya sido exonerada: la investigación continúa y será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad.
Hasta ahí, la historia judicial. Pero hay otra historia de la que todavía sabemos muy poco: las 37 semanas anteriores al nacimiento.
¿Qué pasó durante las 37 semanas de embarazo?
La información difundida hasta ahora no explica cuándo supo la adolescente que estaba embarazada, si recibió atención médica durante la gestación, si su familia o las personas de su entorno conocían el embarazo ni en qué circunstancias ocurrió.
Tampoco se ha informado públicamente quién es el progenitor, cuál es su edad o cuáles fueron las circunstancias en las que comenzó el embarazo.
No son preguntas menores ni buscan anticipar una explicación sobre la muerte del recién nacido. Son necesarias porque estamos hablando de una persona menor de edad que atravesó prácticamente un embarazo completo.
La investigación penal deberá determinar qué ocurrió durante y después del parto. Una mirada con perspectiva de género también obliga a preguntarse qué ocurrió antes y qué condiciones rodearon a esa adolescente durante nueve meses.
Una adolescente no deja de ser menor porque esté embarazada
Los embarazos de niñas y adolescentes no pueden analizarse automáticamente como si fueran embarazos adultos.
En México, 7 mil 855 niñas y adolescentes menores de 15 años fueron madres durante 2024. Tres tenían 10 años, 32 tenían 11 y 195 tenían 12.
Los datos también muestran por qué es necesario investigar el contexto de estos embarazos. Entre las madres de 10 a 17 años registradas en 2024, la diferencia promedio de edad respecto de quienes aparecen como “padres” fue de 15 años.
Esto no permite concluir que la adolescente de Gómez Palacio haya sido víctima de violencia sexual. Hasta ahora, la información disponible sobre el caso no lo establece. Precisamente por eso, conocer el origen y las condiciones de ese embarazo debería ser parte fundamental de la historia antes de sacar conclusiones.
Ser madre tampoco convierte automáticamente a una adolescente en adulta. Sigue siendo una persona menor de edad y, como tal, tiene derechos específicos a la salud, protección y acompañamiento.
El caso no comenzó el día del parto
Cuando un caso como este entra en la agenda policiaca, es fácil que toda la historia quede concentrada en las horas alrededor del delito investigado.
Hay un recién nacido muerto. Hay lesiones que la Fiscalía considera compatibles con un homicidio. Hay una adolescente señalada y un proceso judicial que deberá determinar qué sucedió.
Nada de eso debe minimizarse.
Pero tampoco debería provocar que desaparezca todo lo ocurrido antes.
Un embarazo de 37 semanas deja muchas preguntas. ¿Alguien sabía que estaba embarazada? ¿Tuvo controles médicos? ¿Intentó pedir ayuda? ¿Tenía una red de apoyo? ¿Qué sabía su familia? ¿Cuál era su situación emocional? ¿El embarazo fue producto de una relación con otro adolescente o con una persona adulta? ¿Hubo violencia?
Por ahora, muchas de esas respuestas simplemente no son públicas.
Y llenar esos vacíos con la imagen de una adolescente que actuó en circunstancias que todavía desconocemos también puede convertirse en una forma de juzgar antes de investigar.
Investigar al recién nacido sin borrar a la adolescente
Una perspectiva feminista no significa justificar una posible conducta delictiva porque quien está acusada sea mujer. Tampoco significa minimizar la muerte violenta de un recién nacido.
Significa exigir la historia completa.
La Fiscalía tiene que esclarecer cómo murió el bebé y presentar las pruebas que permitan determinar responsabilidades. Pero tratándose de una adolescente, también resulta necesario conocer las condiciones en las que transcurrió ese embarazo y si las personas adultas y las instituciones que debían protegerla estuvieron presentes.
México conoce bien las consecuencias de que las niñas y adolescentes atraviesen embarazos sin recibir información y atención suficientes. Organizaciones especializadas han señalado que las fallas pueden involucrar a servicios de salud, escuelas, instituciones de protección y personas adultas del entorno.