- La SRE inicia estrategia jurídica ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales; incluyen notificaciones a la ONU
Tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y en relación con los fallecimientos de connacionales bajo custodia del ICE, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante fiscalías estatales por conducto de la Embajada de México en Washington.
Esta medida forma parte del plan legal institucional que la Cancillería mexicana activó por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para iniciar la etapa de investigación de los casos y así buscar obtener justicia para 17 mexicanos que murieron en operativos y bajo custodia del ICE.
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Como parte de estas acciones, el gobierno federal envió escritos de cese y desistimiento a las instalaciones penitenciarias involucradas, mientras que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco dirigió una comunicación a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de solicitar la protección de los migrantes en los centros de detención y la emisión de medidas cautelares.
Las cuatro líneas de la estrategia jurídica
La SRE detalló en un comunicado que el procedimiento penal se ejecuta en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer las denuncias ante el Departamento de Justicia estadounidense y las autoridades locales correspondientes.
Asimismo, la Consultoría Jurídica de la dependencia remitió la primera notificación de cese y desistimiento al centro de detención de Adelanto, ubicado en California, sitio donde se documentó la muerte de cuatro personas mexicanas.
El documento exige detener los actos u omisiones que causaron los decesos, tales como la falta de acceso a atención médica y la aplicación de políticas incompatibles con los estándares penitenciarios.
En el ámbito multilateral, la comunicación enviada a la oficina de Volker Türk solicita que el organismo recabe información de las autoridades de Estados Unidos, analice la compatibilidad de los acontecimientos con las obligaciones internacionales y remita el caso al Consejo de Derechos Humanos.
Adicionalmente, la Cancillería informó que prevé promover demandas civiles contra las empresas privadas encargadas de operar los establecimientos e interponer solicitudes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).