- La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los hermanos Hernández Casillas construyeron una red de empresas que obtuvo contratos electorales por más de 2 mil 740 millones de pesos; también expuso la trayectoria de Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo jefe de los empresarios y actual militante del partido encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo
La presidenta Claudia Sheinbaum exhibió los antecedentes políticos y empresariales de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyas compañías obtuvieron contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos con organismos electorales entre 2015 y 2025, según una investigación presentada por el Gobierno federal.
Durante su conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la mandataria cuestionó el origen de lo que calificó como una “mafia electoral” y sostuvo que las presuntas irregularidades en las contrataciones no comenzaron durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Uno de los puntos que destacó fue la trayectoria de Juan Carlos Padilla Aguilar, funcionario que tuvo bajo su mando a los hermanos Hernández Casillas en el servicio público y que actualmente milita en Somos, partido encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo.
En esa organización también participa Lorenzo Córdova, expresidente del INE, como integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano.
“¿De dónde sale todo este cochinero, esta mafia electoral? No surgió con Taddei”, expresó Sheinbaum al referirse a los antecedentes de los empresarios y sus relaciones con funcionarios y actores políticos.
De Gobernación y el CISEN a los contratos electorales
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación sobre la trayectoria de los hermanos Hernández Casillas, cuyos primeros registros en la administración pública se remontan a la década de 1980.
José Alfredo Hernández Casillas trabajó en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), donde fue secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar.
En 1989, cuando Padilla Aguilar fue nombrado secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), incorporó a José Alfredo a esa institución. Su hermano, Raymundo Francisco Hernández Casillas, también se integró al organismo, en el área de investigaciones, después de trabajar en Recursos Financieros y Materiales del Renapo.
Posteriormente, Padilla Aguilar ocupó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de México durante el gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza, entre 1989 y 1993.
Los hermanos dejaron el servicio público y comenzaron a desarrollar negocios relacionados con la producción y comercialización de materiales electorales.
De acuerdo con los antecedentes presentados por Buenrostro, una de las empresas vinculadas con ellos, Cartonera Plástica, comenzó a participar como proveedora electoral en el Estado de México desde 1999.
En 2005, la compañía obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado de México. Las denuncias por presuntas irregularidades y sobornos en la adjudicación derivaron en un escándalo que culminó con la renuncia de siete consejeros electorales.
Empresas obtuvieron contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos
La investigación de la Secretaría Anticorrupción identificó empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas que consiguieron contratos con organismos electorales de distintas entidades.
Entre 2015 y 2023, estas compañías obtuvieron adjudicaciones por 2 mil 94 millones de pesos con 23 de los 32 organismos electorales locales.
La revisión también encontró otros 646.3 millones de pesos en contratos entre 2024 y 2025, correspondientes a 15 organismos electorales.
En conjunto, los montos presentados por el Gobierno federal suman 2 mil 740.3 millones de pesos.
Entre las empresas identificadas están Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Corporativo Zeg y Formas Finas Fernando Fernández.
Según Buenrostro, el presunto mecanismo consistía en simular competencia en las licitaciones mediante empresas relacionadas entre sí, que aparentaban competir por los contratos, aunque compartían vínculos empresariales y beneficiarios.
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La investigación también señaló el uso de empresas sin infraestructura, personal o capacidad operativa suficiente, así como posibles prestanombres y operaciones financieras que están bajo revisión.
¿Qué relación tiene Padilla Aguilar con Somos?
Sheinbaum también puso el foco en la trayectoria política de Juan Carlos Padilla Aguilar.
Después de ocupar cargos en la administración pública, Padilla Aguilar participó en el Frente Cívico Nacional, organización impulsada, entre otros, por Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza.
En 2022 encabezó actividades de ese movimiento en el Estado de México. Actualmente milita en Somos, partido que obtuvo su registro nacional en junio de 2026.
La presidenta destacó que en esa organización también participan Lorenzo Córdova, como integrante del Consejo Consultivo Ciudadano; Marco Antonio Baños, como representante suplente ante el INE, y Edmundo Jacobo Molina, al frente del Centro de Formación y Profesionalización Política.
Sheinbaum cuestionó que Córdova se deslindara de las contrataciones realizadas por los organismos electorales locales al señalar que, después de la reforma electoral de 2014, el Consejo General del INE adquirió la facultad de designar a sus consejeros.
La mandataria sostuvo que durante el periodo de 2014 a 2023, cuando Córdova encabezó el Consejo General del instituto, se fortaleció la presencia de las empresas investigadas en los organismos electorales estatales.
UIF, ASF y FGR revisarán posibles irregularidades
La investigación también contempla posibles operaciones de lavado de dinero y relaciones con empresas factureras. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza análisis sobre las operaciones de las compañías involucradas.
Sin embargo, Sheinbaum aclaró que hasta el momento no se había encontrado evidencia de que los hermanos Hernández Casillas pertenecieran a una organización criminal.
La presidenta señaló que las posibles responsabilidades administrativas y penales deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR).
También sostuvo que la revisión no debe limitarse a la actual administración del INE ni utilizarse para eximir de responsabilidades a funcionarios que pudieran haber participado en las contrataciones cuestionadas.
