- La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro presentaron una investigación sobre el grupo empresarial de los hermanos Hernandez Casillas que obtuvo adjudicaciones por al menos de 2 mil 740 millones de pesos; el esquema involucra a exfuncionarios electorales y presuntas empresas fachada operando desde hace 27 años
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que una red empresarial vinculada con las empresas de los Hernández Casillas y organismos electorales obtuvo contratos por miles de millones de pesos durante los últimos 27 años.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre esta estructura corporativa, la cual acumuló adjudicaciones por al menos 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025.
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Sheinbaum ordenó investigar a los hermanos Hernández Casillas
Raquel Buenrostro, titular de Anticorrupción, quien acompañó a la presidenta Sheinbuam, identificó a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas como figuras centrales del esquema y vinculó este grupo con la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y antiguos consejeros electorales.
De acuerdo con la exposición oficial, los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas iniciaron en la década de 1980 dentro de dependencias de la Secretaría de Gobernación.
Posteriormente, los empresarios desarrollaron actividades comerciales y constituyeron sociedades proveedoras de autoridades electorales, como Cartonera Plástica y Formas Finas Fernando Fernández, con participación activa en licitaciones desde la década de 1990.
La secretaria Buenrostro recordó que un contrato de 63.7 millones de pesos otorgado a Cartonera Plástica provocó un escándalo en el Estado de México, el cual derivó en la renuncia de siete consejeros electorales locales por probables sobornos.
Simulación de competencia
Buenrostro detalló que la principal irregularidad detectada consiste en la simulación de competencia durante los procedimientos de licitación.
Diversas firmas relacionadas entre sí ingresaban a los concursos con propuestas económicas previamente acordadas para asegurar que una de ellas ganara el fallo.
A través de este mecanismo, el beneficio económico terminaba concentrándose en los mismos empresarios, anulando la libre concurrencia.
La dependencia gubernamental identificó también la utilización de empresas fachada sin empleados registrados ni capacidad técnica para cumplir con las obligaciones.
El reporte descubrió domicilios compartidos y transferencias financieras entre varias compañías, operaciones diseñadas para dificultar la identificación de los dueños reales mediante el uso de prestanombres de 18 y 96 años de edad.
Contratos millonarios y rutas de investigación
Entre los años 2015 y 2023, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) asignaron contratos por aproximadamente 2 mil 094 millones de pesos a las firmas de los empresarios.
Posteriormente, para el periodo de 2024 a 2025, la investigación documentó pactos comerciales por 646.3 millones de pesos adicionales con 15 autoridades estatales. La secretaria aclaró que estas cantidades podrían aumentar conforme las auditorías avancen.
Ante el hallazgo de la estructura, Buenrostro indicó que el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera realizan investigaciones formales sobre operaciones de facturación irregular y probable lavado de dinero.
Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisará la administración de los recursos, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) conducirá las investigaciones penales para determinar responsabilidades.
