- El eslogan “Soy papá, no criminal” ha sido usado en movilizaciones en varios estados de México para denunciar supuestas injusticias en procesos de custodia y convivencia con hijos; aunque el tema abre debates sobre las fallas del sistema familiar, el discurso ha sido cuestionado por incorporar narrativas antifeministas, ataques a leyes de violencia de género, la idea de “denuncias falsas” y la oposición a avances como la violencia vicaria
Cada cierto tiempo aparece un nuevo eslogan antifeminista intentando convencernos de que ahora los hombres son las verdaderas víctimas del sistema. Primero fue “ni feminismo ni machismo, igualdad”. Después llegó “el feminismo es machismo a la inversa”. Y ahora aterrizó otra consigna perfectamente diseñada para TikTok, reels y guerras culturales de internet: “Soy papá, no criminal”.
La frase fue el centro de movilizaciones realizadas en al menos 13 estados de México, donde grupos de hombres marcharon denunciando supuestas injusticias legales contra padres de familia. Hasta ahí, la discusión podría abrir debates legítimos sobre los sistemas familiares, custodias o convivencias parentales. El problema empieza cuando uno rasca un poquito el discurso y aparecen las grietas.
Porque detrás del “solo queremos ver a nuestros hijos” también empiezan a aparecer otros elementos: ataques contra leyes de violencia de género, rechazo a las infancias trans, discursos sobre “denuncias falsas”, ataques a la violencia vicaria y narrativas donde las mujeres aparecen como manipuladoras protegidas por un sistema supuestamente anti-hombres. Básicamente: el paquete completo del backlash antifeminista contemporáneo.
Y quizá lo más incómodo es que parte de esta narrativa sí logra conectar emocionalmente con personas que genuinamente atraviesan procesos familiares dolorosos. Porque claro que el sistema judicial familiar mexicano es lento, desigual, desgastante y profundamente ineficiente. Claro que existen hombres que enfrentan obstáculos reales para convivir con sus hijos. Claro que hay vacíos institucionales brutales.
Pero una cosa es exigir mejores procesos familiares y otra muy distinta es construir un movimiento político alrededor de la idea de que las leyes contra violencia machista son una forma de “terrorismo institucional”. Y ese lenguaje no es accidental.
Durante las marchas hubo consignas contra la Ley Alina —que reconoce legítima defensa en contextos de violencia feminicida— y exigencias para crear figuras “equivalentes” a la violencia vicaria cuando las víctimas sean hombres. También aparecieron discursos insistiendo en que las mujeres utilizan denuncias falsas para “destruir vidas”.
Y ahí es donde la conversación deja de ser sobre paternidad. Porque en realidad el centro del discurso termina siendo otro: instalar la idea de que los avances feministas produjeron un sistema injusto para los hombres. Lo hemos visto una y otra vez en América Latina. Cada avance en derechos de las mujeres viene acompañado de una reacción organizada que intenta presentarlo como discriminación inversa. Pasó con las cuotas de género. Pasó con las leyes contra violencia machista. Pasó con los derechos trans. Y ahora pasa con la violencia vicaria.
La lógica es bastante rentable políticamente: convertir políticas creadas para responder a desigualdades estructurales en supuestos privilegios femeninos. Y las redes sociales ayudan muchísimo. Porque el algoritmo ama las narrativas de hombres “injustamente perseguidos”. Ama los videos llorando frente a cámaras. Ama las frases tipo “ahora resulta que para ver a tus hijos te piden requisitos absurdos como no tener antecedentes de violencia”. Ama convertir discusiones estructurales complejas en contenido emocionalmente viralizable.
El problema es que cuando uno empieza a revisar algunos perfiles visibles del movimiento, el relato empieza a tambalearse bastante. El Pensadero Sonora, por ejemplo, mostró el caso de Ramón Ubaldo Valenzuela, vocero del movimiento “Soy Papá, No Criminal” en Hermosillo. Según información de la Fiscalía de Sonora, el hombre fue vinculado a proceso por violencia familiar agravada por razones de género contra su expareja.
Y ahí aparece uno de los puntos más incómodos de toda esta conversación: muchos de estos movimientos intentan presentar cualquier consecuencia derivada de violencia machista como si fuera persecución contra la paternidad. Como si pedir no ejercer violencia fuera una exigencia absurda. Como si pagar pensión fuera opresión. Como si no tener antecedentes de agresión fuera discriminación.
Y no, cuestionar eso no significa negar que existan padres presentes, responsables o afectados por sistemas familiares injustos. El problema es que estas movilizaciones mezclan reclamos legítimos con una narrativa mucho más peligrosa: la idea de que las políticas contra violencia de género son exageradas, injustas o una amenaza para los hombres.