Estados Unidos y Colombia suscribieron este martes en Barranquilla dos memorandos de entendimiento, uno de cooperación nuclear civil y otro de minerales críticos y tierras raras. El nuclear sirve, según el propio Departamento de Estado, como precedente para negociar un “acuerdo 123”, el instrumento que habilita la transferencia de material y equipo nuclear. Ninguno de los dos es vinculante y por eso no requieren aval legislativo. La oposición exige que cualquier compromiso posterior pase por el Congreso y la Corte Constitucional. El arancel del 12,5 % a las exportaciones colombianas siguió vigente al cierre de la jornada.
Marco Rubio y Abelardo de la Espriella se reunieron este martes en el Batallón Paraíso de Barranquilla y de ese encuentro salieron dos memorandos de entendimiento, aunque el más pesado de los dos no fue el de las tierras raras. El documento de cooperación nuclear civil funciona, según el Departamento de Estado, como precedente que ayuda a sentar las bases de un acuerdo posterior, el llamado “acuerdo 123”, el instrumento que fija las reglas bajo las cuales Washington puede transferir material y equipo nuclear a un socio y que puede tardar años en negociarse y entrar en vigor. Lo que quedó firmado no autoriza la exportación de materiales ni equipos nucleares: es un marco de cooperación y de intención política de alto nivel, el primer escalón de una escalera cuyo último peldaño todavía no se discute públicamente en Colombia.
Conviene detenerse en para qué existe el instrumento. Los memorandos de este tipo fueron creados por el Departamento de Estado durante el primer mandato de Donald Trump como herramientas diplomáticas, y entre sus funciones está la de brindar apoyo de alto nivel a la industria nuclear civil de Estados Unidos y a sus objetivos de no proliferación. La secuencia regional muestra el método: el 3 de febrero de 2025 Rubio firmó el de El Salvador, en julio se sumaron Malasia —donde además se lanzaron negociaciones para un acuerdo 123— y Baréin, el 1 de abril de 2026 el subsecretario Christopher Landau firmó el de Ecuador, el 17 de junio el de República Dominicana y el 4 de agosto Rubio el de Paraguay. Colombia se suma a Argentina, México, Brasil y Paraguay en la región, y Estados Unidos ha firmado el acuerdo 123 con más de 25 países desde 1954. Todo esto forma parte de una estrategia enfocada en potenciar lo que la administración Trump llama el renacimiento de la energía nuclear civil, un impulso que creció desde su regreso al poder en 2025 pese a que la construcción nuclear es costosa.
El segundo memorando, el de minerales críticos y tierras raras, se orienta al aseguramiento de las cadenas de suministro en la minería y el procesamiento, y responde a la concentración del mercado en China, que aportó cerca del 60 por ciento de la minería de tierras raras en 2024 y controla alrededor del 90 por ciento de la separación y la refinación, la etapa en la que el mineral se convierte en un insumo utilizable. La firma coincidió con el hallazgo de tungsteno en el departamento de Caldas por parte de la empresa Collective Mining, tras seis años de exploración de oro, plata y cobre.
La oposición leyó lo que De la Espriella firmó con Rubio como una cesión. El senador Iván Cepeda, líder de la oposición, afirmó que la presencia del funcionario estadounidense representa un acto de entrega de aspectos asociados a la autodeterminación, y sostuvo desde el Pacto Histórico que todo acuerdo o convenio internacional que genere obligaciones para el Estado colombiano deberá ser aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional. La objeción tiene un asidero técnico: los memorandos no son vinculantes y por eso no requieren aval legislativo, de modo que la definición del alcance real —qué tecnología, qué empresas, bajo qué condiciones y con qué estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica— queda para una etapa posterior sobre la que el Congreso colombiano todavía no ha deliberado.
El contexto de la firma tampoco es neutro. Colombia llegó a la mesa un mes después de un terremoto de magnitud 7,4 que dejó 331 muertos, con una ayuda humanitaria estadounidense de 26,5 millones de dólares y con un arancel del 12,5 % vigente desde el 24 de julio sobre varias exportaciones nacionales, entre ellas las flores. De la Espriella había pedido a Trump la suspensión temporal de ese gravamen y todavía no recibía respuesta positiva. Al cierre de la jornada, el gobierno presentó el paquete como los “acuerdos de Barranquilla”, una hoja de ruta de tres ejes —reconstruir el país, recuperar la economía y blindar el hemisferio—, y Rubio, que habló de superar la distancia de los últimos cuatro años entre ambos gobiernos, siguió su gira hacia Ecuador y Perú. Del arancel no salió nada firmado.