- Las acusaciones señalan vínculos con los “Chapitos”, con funcionarios que habrían operado desde el gobierno y la seguridad en Sinaloa para facilitar al Cártel de Sinaloa; Rubén Rocha Moya habría recibido apoyo para llegar a la gubernatura en 2021
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios mexicanos, enfrenta una acusación formal en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas (DEA) presentaron cargos contra Rocha Moya y otros funcionarios en activo y retirados de Sinaloa, a quienes señalan por integrar una red de protección al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político.
“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla”, señala el comunicado oficial de la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York.
¿Quiénes son los funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas por EU?
La acusación incluye a Rubén Rocha Moya, gobernador del Estado de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázarez, senador de México y ex Secretario General de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, Vicefiscal General de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán.
Las autoridades estadounidenses los vinculan con conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de alto poder y otros delitos federales; además, imputan a Valenzuela Millán cargos por secuestro con resultado de muerte.
De acuerdo con la investigación, los acusados colaboraron con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Además, las autoridades también señalan que algunos funcionarios participaron directamente en actos de violencia, incluidos secuestros y asesinatos contra personas vinculadas con investigaciones federales.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, señala el documento.
Vínculos con los “Chapitos” y estructura de operación
Las acusaciones señalan que los implicados habrían estado vinculados con la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocidos como los “Chapitos”. Esta red habría operado desde distintos niveles del gobierno y corporaciones de seguridad en Sinaloa, utilizando sus cargos para facilitar actividades criminales.
En el caso de Rubén Rocha Moya, este grupo lo habría apoyado para llegar a la gubernatura en 2021 mediante amenazas contra rivales políticos, y a cambio habría sostenido reuniones con integrantes del cártel y permitido su operación en el estado.
Otros funcionarios habrían recibido pagos y sobornos a cambio de protección institucional, entre ellos Dámaso Castro Zaavedra habría recibido alrededor de 11 mil dólares mensuales para proteger a integrantes del grupo y advertirles sobre operativos policiales.
También se señala que algunos implicados participaron directamente en la estructura violenta del cártel, como Juan Valenzuela Millán, quien habría facilitado el uso de la Policía Municipal de Culiacán para detenciones, secuestros y asesinatos, y además habría participado en el secuestro de una fuente de la DEA y de un familiar de esta, a quienes posteriormente asesinaron.
“Esta acusación formal es la más reciente de una serie de acusaciones emitidas en este distrito desde 2023, en las que se imputa a más de 30 miembros y asociados del Cártel, incluidos miembros de su cúpula directiva, por su participación en la distribución de grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos y delitos conexos, lo que ha tenido un impacto significativo en las operaciones de narcotráfico del Cártel”, se lee en el documento.
El expediente judicial subraya que los cargos son acusaciones formales y que todos los imputados deben considerarse inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario.
