De liderar los rankings mundiales de obesidad infantil durante más de una década, México logró bajar hasta el octavo lugar en 2026, según el último reporte del Atlas Mundial de la Obesidad 2026. Aunque el país salió del “top 3”, los expertos advierten que la cifra de 13 millones de infancias afectadas sigue siendo una emergencia de salud pública.
De acuerdo con el reporte global de 2025, México suma actualmente poco más de 13 millones de niños y jóvenes que viven con obesidad. Si bien la cifra sigue siendo alarmante, el desplazamiento del primer lugar al octavo sugiere que el crecimiento acelerado que se observó en décadas anteriores ha comenzado a desacelerarse.
El plan nacional
En 2014 se establecieron los primeros lineamientos para la venta y distribución de alimentos en las escuelas públicas, fue hasta el 17 de abril de 2024 cuando se consolidó este marco legal con la publicación de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS) en el Diario Oficial de la Federación.
El 21 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los lineamientos y acciones de vida saludable en las escuelas —que debían entrar en vigor a más tardar el 29 de marzo de 2025—, a través de los cuales se busca evitar que niños, niñas y jóvenes tengan acceso a comida chatarra dentro y en los alrededores de centros educativos.
Este plan entró en vigor debido a los resultados del monitoreo realizado en el ciclo escolar 2023-2024 en la que el 98 por ciento de las escuelas mantenía la venta de comida chatarra; 95 por ciento de bebidas azucaradas; 79 por ciento, refrescos; 77 por ciento registró venta externa de comida chatarra; y 25 por ciento tuvo publicidad de estos productos. Actualmente 258 mil 689 escuelas de nivel básico, medio superior y superior del Sistema Educativo Nacional acatan las nuevas disposiciones.
Otra medida clave fue la negociación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) dentro del paquete fiscal 2026. Tras el anuncio oficial del Gobierno en octubre de 2025, se confirmó un pacto con el sector de bebidas azucaradas en el que la industria aceptó reducir un 30 por ciento el nivel de azúcar en refrescos y limitar la publicidad infantil.
A cambio de estas concesiones y de una nueva estructura de precios que favoreciera las opciones sin calorías, el Gobierno accedió a moderar el aumento al impuesto especial que se había planteado originalmente.
Uno de los puntos de mayor debate es el impacto de las políticas públicas implementadas en años recientes. Diversos sectores señalan que la implementación de los sellos de advertencia -etiquetado frontal- en productos ultraprocesados es una causa central de está disminución.
El sistema de sellos ha permitido que los padres de familia identifiquen con mayor facilidad productos con exceso de azúcares, sodio y grasas trans. Incluso muchas empresas de la industria alimentaria se vieron obligadas a reducir ingredientes críticos para evitar los octágonos negros en sus empaques. El control más estricto de la venta de comida chatarra en planteles escolares ha sido otro factor determinante.