- La fiscal Bertha Alcalde Luján confirmó que el feminicidio fue “culpa de la institución” debido a omisiones graves y retrasos de hasta 15 horas en la búsqueda; tres servidores públicos de la FGJCDMX fueron detenidos por no realizar las diligencias necesarias, mientras se confirmó que la causa de muerte por feminicidio ocurrió por heridas punzocortantes
Este lunes 20 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizó una segunda conferencia de prensa para actualizar los avances sobre el feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años que fue localizada sin vida en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez. La fiscal general, Bertha Alcalde Luján, calificó como “indignante” la actuación de las autoridades iniciales, señalando que la familia proporcionó datos precisos que fueron ignorados.
Las investigaciones revelaron que las cámaras de seguridad del edificio, ubicado en Avenida Revolución 829, fueron desconectadas minutos antes del crimen, lo que impidió el registro sobre la muerte de Edith.
Cronología de una omisión institucional
De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía en conferencia de prensa, la cadena de fallas comenzó desde el primer contacto de la víctima con el lugar:
- 15 de abril (16:45 horas): Edith ingresó al edificio para una supuesta entrevista de trabajo con una mujer.
- 17:23 – 17:44 horas: Se presume que en este lapso ocurrió el feminicidio.
- 23:00 horas: La familia de Edith, ante la falta de comunicación, acudió personalmente al inmueble.
- 16 de abril (01:10 horas): Se presentó formalmente la denuncia ante las autoridades.
- 04:25 horas: La madre de la víctima intentó aportar su testimonio, pero este no fue imputado formalmente por el personal en turno.
Pese a que la familia señaló el lugar exacto, la intervención oficial se retrasó injustificadamente hasta las 08:30 horas del 16 de abril, perdiendo un tiempo vital de 15 horas para la localización de la joven.
Detenciones y causa de muerte
La Fiscal Alcalde detalló que la causa de muerte fue por heridas punzocortantes, presuntamente realizadas con un desarmador. Asimismo, informó que el teléfono celular de la víctima ya fue localizado.
Como resultado de las investigaciones internas, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra tres servidores públicos de la Fiscalía: un agente del ministerio público, un policía de investigación y un agente del turno consecutivo, quienes omitieron realizar la búsqueda inmediata a pesar de contar con la ubicación tecnológica proporcionada por los familiares.
Sanciones y corrupción
Este caso ha puesto bajo la lupa a la institución no solo por negligencia, sino por presuntos actos de corrupción. Familiares denunciaron que personal de la Fiscalía solicitó dinero para agilizar los trámites.
“Es indignante que una familia haya señalado con precisión en dónde buscar y que no se haya actuado con la inmediatez que el caso requería”, sentenció la fiscal Bertha Alcalde, quien reiteró que no se encubrirá a ningún funcionario involucrado.