Tras una década de hostigamiento judicial, el pueblo mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón logró la cancelación definitiva de 200 órdenes de arresto. Este fallo protege a 50 activistas que han sido perseguidos políticamente por defender sus recursos naturales y su autogobierno frente a la explotación del río Xangá Ndá Ge.
El fallo judicial señala que dichas órdenes carecían de fundamentos sólidos y violaban el debido proceso, representando un mecanismo de criminalización utilizado para desarticular la organización comunitaria. Con esta resolución, se frena una de las ofensivas legales más masivas registradas contra un pueblo indígena en México.
La decisión judicial, agregó en un comunicado:
“Es congruente con la reciente sentencia histórica a favor del antropólogo Miguel Peralta, donde se demostró que los señalamientos en su contra eran genéricos, vagos y carentes de fiabilidad probatoria, donde los magistrados federales han confirmado que no se pueden sostener condenas basadas en relatos inverosímiles, testimonios contradictorios y en la falta de individualización de las conductas”.
Una década de persecución (2014-2024)
La crisis en Eloxochitlán se remonta a los conflictos sociopolíticos de diciembre de 2014. Lo que comenzó como una disputa por el control político local derivó en una persecución sistemática que ha marcado a la comunidad por más de diez años. La comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón señaló que la raíz de la persecución judicial en su contra es el control de los recursos naturales de la región.
De acuerdo con los defensores, la criminalización ha servido para encubrir la extracción ilegal de piedra y arena del río local. Responsabilizan directamente a Manuel Zepeda —padre de la funcionaria y legisladora morenista Elisa Zepeda Lagunas— de encabezar este saqueo sistemático, el cual ha operado de forma paralela a los diez años de acoso legal contra los comuneros. La persecusión durante estos días años se ha resumido en:
Desplazamiento forzado: Cientos de personas se vieron obligadas a huir de la comunidad para evitar detenciones arbitrarias, fracturando el tejido social y económico del municipio.
Sentencias desproporcionadas: Casos emblemáticos, como el de Miguel Peralta, quien llegó a enfrentar condenas de hasta 50 años de prisión antes de lograr su libertad, evidenciaron el uso del sistema de justicia como herramienta de castigo político.
Presos de conciencia: Durante este periodo, varios integrantes de la Asamblea Comunitaria fueron encarcelados bajo acusaciones de homicidio y otros delitos graves que, según organismos de derechos humanos, fueron fabricados.
Durante años, las mujeres y familiares de los perseguidos instalaron plantones frente a palacios de gobierno y tribunales, denunciando que el conflicto fue azuzado por grupos de poder local para castigar las formas tradicionales de gobierno indígena y la defensa de su territorio.
“Este triunfo no es solo legal, es la prueba de que la organización comunitaria puede vencer al asedio institucional.” — Voceras de la comunidad.
¿Qué sigue para Eloxochitlán?
Aunque el amparo es un avance determinante, la comunidad y sus representantes legales advierten que el camino hacia la justicia total continúa. Las siguientes prioridades incluyen:
- La reparación integral del daño para las familias desplazadas y quienes sufrieron prisión preventiva prolongada.
- Cese definitivo a la estigmatización de los defensores mazatecos.
- Garantías de seguridad para el retorno de los comuneros a sus hogares sin temor a nuevas represalias.
Este fallo sienta un precedente crucial para otros pueblos originarios en México que enfrentan procesos de criminalización por la defensa de su autonomía y formas de organización política.