- El INE presentará una denuncia formal en la FGR contra la expresidenta del órgano electoral federal Guadalupe Taddei por los delitos enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones; la actual administración revisará todas las contrataciones otorgadas desde 2023, tras analizar el material audiovisual sobre supuestos sobornos
El Instituto Nacional Electoral (INE) denunciará a la expresidenta Guadalupe Taddei por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones.
Los 10 consejeros revisan actualmente el documento acusatorio para afinar sus detalles.
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Presidenta del INE confirmó que se define la demanda
De acuerdo con la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, el equipo jurídico del INE trabaja para definir la demanda contra la exconsjera Guadalupe Taddei.
“Nuestros equipos jurídicos están trabajando en los últimos delineados, los detalles. Prácticamente, está lista, no vamos a tardar”, justificó Cruz respecto al avance del proceso.
En los primeros borradores, el área jurídica argumenta un posible contubernio entre exfuncionarios, entre ellos Guadalupe Taddei, y diversas empresas proveedoras del organismo.
Por este motivo, el Instituto Nacional Electoral pedirá revisar todas las contrataciones desde 2023 a la fecha.
INE revisa empresa ligada a Taddei
La revisión institucional incluirá específicamente la licitación de la credencial de elector que ganó la empresa CosmoColor, en colaboración con su filial Icard Solutions y Talleres Gráficos de México.
El organismo electoral fundamenta esta auditoría en una serie de videos donde el proveedor José Alfredo Hernández afirmó a Taddei la cantidad de dinero que recibirían por lograr dicha asignación.
Para robustecer la investigación, el INE solicitará valorar los videos y buscar la fuente original del material, ya que los directivos consideran que existe una acción deliberada para favorecer a particulares.
El equipo jurídico sostiene el uso ilícito de atribuciones y facultades mediante el artículo 217 del Código Penal Federal.
Esta normativa sanciona a la persona servidora pública que ilícitamente otorgue o realice contrataciones, adquisiciones o servicios con recursos públicos.
El artículo también castiga a quien solicite, promueva o participe en tales operaciones con conocimiento de la ilicitud y en perjuicio del patrimonio público.
Los presuntos delitos de la administración anterior
Los abogados del instituto sustentan el ejercicio abusivo de funciones en que ninguna persona servidora pública puede otorgar ilícitamente contratos que produzcan beneficios económicos para sí o terceros durante el desempeño de su cargo.
Asimismo, el documento argumenta tráfico de influencias por la intervención indebida de particulares.
El texto señala que Hernández asumiría el control de diversas áreas del organismo para favorecer a ciertas empresas, lo que configura una promoción o gestión ilícita de negocios públicos.
El INE también exigirá investigar las cuentas bancarias de los funcionarios para detectar un posible enriquecimiento ilícito mediante recursos públicos.
Las autoridades electorales señalan que los implicados pudieron distraer dinero institucional para favorecerse a sí mismos y a los empresarios, lo que justifica la acusación por peculado.
El consejero Arturo Castillo insistió en que la legislación penal contempla la prisión preventiva para algunos de estos cinco delitos. No obstante, Castillo aclaró que corresponderá a la autoridad competente definir la situación jurídica de los involucrados.
INE sancionó a proveedores
En tanto, el INE dio a conocer a través de un comunicado que resolvió 18 procedimientos administrativos sancionadores y de queja en materia de fiscalización contra personas físicas y morales proveedores del INE, así como contar partidos políticos y organizaciones sociales.
Las sanciones dieron lugar, según el INE, a un millón 177 mil 695 pesos.
