- Tras el escándalo en Colombia, el presidente Gustavo Petro se desmarca de las acusaciones sobre una presunta red de tráfico de influencias
A 11 días de concluir su mandato, el 7 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro enfrenta un nuevo caso de presunta corrupción relacionado con el cobro de comisiones a empresarios para facilitar contratos públicos, un esquema que presuntamente involucra a dos mujeres cercanas al mandatario.
El escándalo de presunta corrupción está vinculado con las hermanas Juliana y Verónica Guerrero.
La primera de ellas es una persona muy cercana al mandatario y el caso se dio a conocer tras las denuncias de una funcionaria gubernamental y la intervención de la Fiscalía.
Según las denuncias, las hermanas Guerrero ofrecían a empresarios facilitar la obtención de contratos en distintas entidades del Estado a cambio de comisiones y anticipos.
Las involucradas presuntamente aprovechaban supuestos contactos dentro del Gobierno nacional para llevar a cabo estas gestiones.
El esquema contemplaba el cobro de un millón de pesos colombianos (unos 315 dólares) por una reunión inicial con Juliana Guerrero, un anticipo de 200 millones para comenzar los trámites y una comisión de 10 por ciento sobre los contratos adjudicados, según una investigación de la revista Semana.
Escándalo en Colombia por hermanas
El nombre de Juliana Guerrero, de 23 años de edad, salió a la luz el año pasado cuando, siendo asesora del Ministerio del Interior, Gustavo Petro la presentó en un consejo de ministros como futura viceministra de Juventud. En ese momento, el mandatario la describió como una joven activa y rebelde.
El nombramiento se frustró al conocerse que la joven presentó un título universitario falso. A pesar de esto, Guerrero continuó en el Gobierno con el aval del presidente, quien la defendió y desmintió rumores sobre vínculos afectivos.
“Llevan varios años tratando de construir relaciones sentimentales mías con varias mujeres hermosas”, señaló el mandatario en respuesta a las acusaciones
Despido de exfuncionaria y actuación de la Fiscalía
El caso adquirió otra dimensión cuando Angie Rodríguez, titular del Fondo Adaptación, aseguró que advirtió personalmente al mandatario sobre el poder que ejercía Juliana Guerrero en el Ejecutivo.
Rodríguez afirmó que fue la única funcionaria que alertó sobre la situación y sostuvo que existía un decreto para retirarla de un cargo en la Universidad Popular del Cesar, documento que nunca fue firmado por el jefe de Estado.
Tras estas declaraciones, Gustavo Petro ordenó el cese de Rodríguez, a quien calificó como “una paciente siquiátrica”, y acusó a la prensa de buscar desacreditarlo.
Al mismo tiempo, la Fiscalía abrió una indagación para establecer si las hermanas integraron la presunta red de tráfico de influencias.
El presidente colombiano se desmarcó de las acusaciones, al insistir en que, de comprobarse las denuncias, se trataría de una estafa cometida por particulares.
“Si empresarios entregaron dinero a cambio de supuestas gestiones para obtener contratos, dieron dineros como pendejos”, afirmó en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Este caso representa uno de los últimos frentes políticos y judiciales para Gustavo Petro antes de entregar la Presidencia al presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien pidió brindar garantías de seguridad a la exfuncionaria Angie Rodríguez.