- Más de 33 mil personas capturadas bajo el régimen de excepción en El Salvador no figuraban en los registros policiales como miembros de grupos criminales, revelando un patrón de detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La estadística de la inocencia
Uno de cada tres detenidos en las mega cárceles de El Salvador no figura en los archivos de inteligencia policial como miembro de estructuras criminales. A pesar de la falta de antecedentes, miles de ciudadanos enfrentan procesos judiciales bajo cargos genéricos de agrupaciones ilícitas sin derecho a una defensa técnica y bajo condiciones de aislamiento total, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, a la cual tuvo acceso y analizó la organización Human Rights Watch (HRW) junto con Cristosal.
La evidencia documental apunta a una métrica de cuotas de captura impuestas a los agentes policiales, lo que ha derivado en:
Capturas por perfilamiento estigmatizante: Detenciones basadas en el lugar de residencia, tatuajes no relacionados con bandas o denuncias anónimas sin ratificación.
Cero debido proceso: Suspensión del derecho a la defensa y audiencias masivas donde un solo juez procesa a cientos de personas simultáneamente.
La comunidad internacional ha comenzado a calificar el modelo de El Salvador como una política de exterminio de libertades civiles. Según el Instituto Nacional de Estadística de Perú, el 23.9% de la población urbana mayor de 15 años fue víctima de algún hecho delictivo en el segundo semestre de 2025.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció recientemente que los centros de reclusión construidos por Bukele —específicamente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)— funcionan como “campos de concentración de población civil”, señalando que el Estado ha sustituido el terror de las pandillas por un terror de Estado.
Esta narrativa de “paz social” se sostiene sobre el hacinamiento extremo. Los reportes indican que la cifra oficial de detenidos ya supera los 90 mil, convirtiendo a El Salvador en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Investigaciones periodísticas de medios internacionales como El País y la BBC han documentado que la detención de este 36% de inocentes es un componente sistémico. Se han verificado:
Fallecimientos bajo custodia: Decenas de personas han muerto en prisión sin haber sido sentenciadas; muchos cuerpos presentan señales de tortura o desnutrición severa.
Opacidad financiera: Los contratos para la construcción y mantenimiento de estas prisiones se mantienen bajo reserva de ley, impidiendo auditar el destino de los fondos públicos y los proveedores beneficiados.
La réplica del modelo
En Perú, la precampaña para las elecciones generales de 2026 ha tomado como eje central la seguridad pública. Los candidatos Keiko Fujimori y Carlos Álvarez han formalizado propuestas para replicar íntegramente el modelo de seguridad de Nayib Bukele. Esta oferta electoral se apoya en el descontento social: según datos del Instituto Nacional de Estadística de Perú (INEI), el 23.9% de la población urbana mayor de 15 años fue víctima de algún hecho delictivo durante el segundo semestre de 2025. Ante este panorama, los candidatos ofrecen la suspensión de garantías y la construcción de centros de reclusión masiva como la solución inmediata.
Aunque la popularidad de Bukele se mantiene alta debido a la reducción de homicidios, analistas advierten que este modelo de “paz social” se ha construido sobre la destrucción del Estado de derecho, sacrificando la libertad de un tercio de la población carcelaria que hoy paga por crímenes que no cometió.