- La Fiscalía General de la República informó avances en la investigación de una presunta red de huachicol fiscal que habría utilizado buques, aduanas, empresas fachada y triangulaciones financieras para introducir y distribuir hidrocarburo ilegal
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos detalles sobre la investigación de una presunta red criminal dedicada al huachicol fiscal, luego del aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
En un mensaje difundido este lunes, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada en 2024 por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, ante el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero.
De acuerdo con la FGR, el aseguramiento del combustible permitió ampliar las indagatorias y detectar una estructura criminal que presuntamente no operaba de manera aislada, sino mediante una red con capacidad para importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburo introducido ilegalmente al país.
¿Cómo operaba la presunta red de huachicol fiscal?
Según la investigación de la Fiscalía, Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, conocidos como “Los Primos”, habrían tenido un papel relevante dentro de la estructura, junto con otros presuntos cómplices.
La FGR señaló que, de acuerdo con los datos de prueba que actualmente son valorados por el Poder Judicial, integrantes de la red habrían intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.
En particular, la Fiscalía indicó que Roberto “N” presuntamente gestionaba directamente algunos de esos nombramientos y promociones.
Durante el cateo de una bodega que, según la FGR, era arrendada por Roberto “N” en la Ciudad de México, fueron localizados objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, así como documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial y armas que no contaban con el registro correspondiente.
La investigación apunta a que los buques utilizados por la organización zarpaban principalmente desde Texas cargados con hidrocarburo, que era declarado como aceite o aditivo con el objetivo de recibir un tratamiento fiscal distinto.
Posteriormente, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente coludidos habrían recibido pagos para permitir el paso de los embarques.
La FGR también señaló que las inspecciones podían ser simuladas mediante muestreos superficiales, aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para liberar el combustible sin una revisión adecuada.
Además, presuntamente se establecían horarios de arribo para desactivar cámaras y evitar que quedara registro de las descargas.
Empresas fachada y triangulación de recursos
Una vez que el hidrocarburo llegaba a tierra, la red presuntamente utilizaba tres empresas constituidas legalmente para distribuirlo.
Sin embargo, de acuerdo con la FGR, una estructura adicional de empresas fachada y triangulaciones financieras habría servido para dar apariencia legal a los ingresos obtenidos mediante la comercialización del combustible.
La Fiscalía resumió el esquema investigado como una cadena que incluía buques cargados de hidrocarburo, registros presuntamente manipulados, personal aduanal coludido, revisiones simuladas y operaciones para ocultar el origen de los recursos.
Las indagatorias han llevado a identificar operaciones presuntamente relacionadas con esta estructura en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
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La FGR informó que continúa siguiendo el rastro de accionistas, apoderados legales y otros enlaces que habrían participado en las distintas etapas de la operación.
FGR advierte que continuará investigación
Ernestina Godoy sostuvo que el contrabando de hidrocarburos no solo constituye una actividad ilegal, sino que también afecta a las empresas del Estado y representa un desvío de recursos públicos.
La fiscal general subrayó que la responsabilidad por posibles actos ilícitos es individual y afirmó que quienes hayan utilizado un cargo público, un uniforme o una aduana para favorecer al crimen deberán responder ante la justicia.
