Alisson tiene 17 años y denunció a su madre por violencia familiar en Gómez Palacio, Durango. La mujer señalada no solo forma parte de su círculo más íntimo: es secretaria general del PRI municipal y ha ocupado cargos públicos. La defensa de la adolescente cuestiona que la primera audiencia haya sido fijada para más de cuatro meses después de la agresión y teme posibles privilegios.
El 13 de julio, Alisson, una adolescente de 17 años, fue presuntamente agredida por su madre, Sandra Ibarra Carrillo , en Gómez Palacio, Durango. La gravedad de las lesiones requirió que permaneciera hospitalizada durante 24 horas y, al día siguiente, acompañada por su abuela paterna, presentó una denuncia por violencia familiar, de acuerdo con su asesora jurídica, Liliana González.
Más de dos meses después, el caso llegó a la conversación pública no solo por la violencia denunciada, sino por una pregunta que atraviesa el acceso a la justicia: ¿qué ocurre cuando una adolescente denuncia a una persona que, además de ser su madre, ocupa una posición de poder político?
Sandra Ibarra Carrillo es actualmente secretaria general del Comité Municipal del PRI en Gómez Palacio. Recibió la constancia para ocupar el cargo el pasado 5 de agosto, semanas después de la agresión denunciada. Antes encabezó el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en el municipio, fue secretaria de la Mujer de la CNOP y, según información publicada sobre su trayectoria, trabajó como funcionaria del Ayuntamiento de Gómez Palacio durante tres administraciones municipales. La asesora de Alisson también señaló que anteriormente fue regidora suplente.
Una audiencia hasta noviembre
La primera audiencia del proceso fue programada para el 30 de noviembre de 2026. Según la asesora jurídica de Alisson, la explicación recibida fue la carga de trabajo del Poder Judicial de Durango. La representante legal cuestionó el plazo y sostuvo que la legislación procesal aplicable establece un periodo considerablemente menor.
La familia teme que la posición política de Sandra “N” pueda traducirse en un trato privilegiado. Hasta ahora, sin embargo, no existe evidencia pública que permita afirmar que el PRI, funcionarios municipales o integrantes del Poder Judicial hayan intervenido para favorecerla. Esa diferencia importa: una relación política no prueba tráfico de influencias.
La propia representación jurídica de Alisson ha pedido que el procedimiento se conduzca con diligencia, transparencia y objetividad precisamente ante el temor de que existan “excepciones o privilegios”. Su reclamo no es que los medios determinen responsabilidades penales, sino que las instituciones encargadas de hacerlo actúen sin distinciones.
La contradicción política es difícil de ignorar. Ibarra pasó de encabezar el organismo de mujeres del PRI local a ocupar la segunda posición de la dirigencia municipal de un partido que, al renovar su estructura en agosto, aseguró que buscaría acercarse a la ciudadanía, escucharla y atender los problemas del municipio.
El señalamiento contra una dirigente no convierte al partido en responsable de los hechos denunciados. Sí coloca frente al PRI una pregunta sobre sus propios estándares cuando una persona de su estructura enfrenta una acusación de violencia familiar contra una adolescente.
Cuando el peligro está dentro de casa
El caso también obliga a mirar más allá del partido. Hay una idea cómoda alrededor de la violencia contra niñas y adolescentes: imaginar el peligro como alguien que está afuera, un desconocido del que hay que protegerlas. La violencia familiar rompe esa narrativa porque puede convertir el espacio que debería ofrecer seguridad en el lugar del que una menor necesita escapar.
Y ahí la desigualdad de poder es enorme incluso antes de sumar cualquier cargo político. Una adolescente depende de personas adultas para vivienda, cuidados, dinero y protección. Cuando denuncia a alguien de su propia familia, no enfrenta únicamente un procedimiento judicial: puede estar poniendo en cuestión todo el mundo del que depende.
En el caso de Alisson aparece además otra capa. La persona a la que señala tiene trayectoria partidista y gubernamental. La defensa ha hecho pública precisamente su preocupación por que ese poder pueda influir en el proceso. No sabemos que haya ocurrido. Pero para una adolescente también importa la percepción de quién tiene más posibilidades de ser escuchado cuando pide ayuda.
Alisson intentó quitarse la vida
El 23 de septiembre, la asesora jurídica informó que Alisson había intentado quitarse la vida días antes. También denunció que hasta ese momento no había recibido de las autoridades el apoyo psicológico que requería y reclamó una reparación integral que incluyera atención psicológica y psiquiátrica.
No es posible establecer, con la información disponible, qué factores llevaron a Alisson a ese intento ni atribuirlo directamente a la agresión denunciada, al proceso judicial o a la posición política de su madre. Hacerlo significaría convertir una situación de salud mental compleja en una explicación conveniente.
Lo que sí puede observarse es el contexto: una adolescente denunció una agresión presuntamente cometida por su madre, necesitó hospitalización y después supo que la primera audiencia de su caso sería meses más tarde. Su propia representación legal considera que la demora constituye una nueva forma de violencia institucional.
Ahí aparece una pregunta feminista que va más allá de quién ejerce la agresión. Reconocer la violencia contra niñas y adolescentes también significa reconocer las relaciones profundamente desiguales que existen entre una menor y las personas adultas de las que depende. Que la persona denunciada sea una mujer no borra esa relación de poder; que además tenga una posición política vuelve indispensable que el proceso sea transparente y que no exista trato privilegiado.
Alisson no tendría que demostrar que tiene tantas conexiones, tanta voz o tanto poder como los adultos que la rodean para que su denuncia sea atendida con rapidez.Mientras tanto, el caso todavía deberá resolverse en las instituciones correspondientes y Sandra Ibarra Carrillo conserva la presunción de inocencia.