- Colectivas advirtieron que la posibilidad de que Luis Alberto “N” lleve el proceso en libertad pone en riesgo la seguridad de Victoria; además, exigieron a las autoridades actuar con perspectiva de género y garantizar protección integral para las víctimas
Organizaciones feministas y de derechos humanos manifestaron preocupación por la resolución del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que concedió una suspensión definitiva a Luis Alberto “N”, procesado por el delito de violación equiparada agravada contra Victoria Legaria.
La decisión judicial ocurre después de un proceso que se ha extendido por más de nueve años desde que Victoria denunció los hechos en abril de 2017, cuando ambos eran estudiantes de la UAM Azcapotzalco.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el caso ha estado marcado por retrasos, desgaste emocional y obstáculos institucionales que han complicado el acceso a la justicia. Fue hasta enero de 2025 cuando se logró la vinculación a proceso del acusado y se dictó prisión preventiva.
“La resolución en el caso de Victoria Legaria representa un grave retroceso para el acceso a la justicia”, señaló el organismo en un pronunciamiento difundido este jueves.
El observatorio también advirtió que, durante el proceso, se registraron actos de hostigamiento contra Victoria y su familia, además de intentos por desacreditar su denuncia.
“Este tipo de estrategias no sólo representan una forma de violencia institucional y revictimización, sino que además generan condiciones de intimidación y riesgo para quienes denuncian violencia sexual”, expuso la organización.
Exigen protección para Victoria tras suspensión otorgada a acusado de violencia sexual
Asimismo, advirtieron que la posibilidad de que el acusado enfrente el proceso fuera de prisión genera preocupación por la seguridad de Victoria y por el mensaje que este tipo de resoluciones envían a otras mujeres que denuncian violencia sexual.
Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades judiciales para actuar con perspectiva de género y garantizar protección integral a las víctimas.
