- La CIDH asegura que el Daniel Ortega busca profundizar el proceso de consolidación autoritaria en Nicaragua y lanza una alerta
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó una alerta y repudió el plan de Daniel Ortega que pretende evitar futuras elecciones en Nicaragua.
El organismo internacional advirtió que las nuevas iniciativas buscan perpetuar el ejercicio del poder, restringir la competencia política y eliminar las condiciones necesarias para la alternancia democrática en el país centroamericano.
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CIDH critica ampliación de mandato de Ortega
En un comunicado, la Comisión señaló que la nueva ampliación de los períodos de mandato de la copresidencia profundizan el proceso de consolidación autoritaria.
Además, advirtió sobre el peligro de elevar a rango constitucional las restricciones al ejercicio de los derechos políticos.
De acuerdo con el organismo, el pasado 28 de julio de 2026 el presidente de la Asamblea Nacional presentó una iniciativa de reforma a la Constitución.
Propuso ampliar de seis a siete años el mandato de la denominada copresidencia y establecer que este periodo sea renovable.
Según el cronograma oficial, el congreso nicaragüense planea someter a aprobación este proyecto el próximo 1 de septiembre de 2026.
La propuesta legislativa pretende impedir la participación política de las personas que el régimen considera “golpistas” o “traidoras a la patria”.
Sin embargo, la CIDH alertó que todas estas medidas resultan incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Daniel Ortega concentra “control absoluto” en Nicaragua
El organismo recordó que en 2025 el gobierno nicaragüense modificó más de 100 artículos de la Constitución.
Derogó el principio de separación de poderes y concentró el control absoluto en la figura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ante el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, la migración forzada y la intensificación de la represión transnacional, la Comisión exigió a Nicaragua abstenerse de aprobar estas reformas.
Finalmente, instó a los Estados Miembros de la OEA a utilizar los mecanismos internacionales disponibles para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en el territorio nicaragüense.