- El Ciadi falla a favor de la empresa estadounidense Calica por la clausura de su zona de extracción de pétreo en enero de 2018, durante la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) declaró a México responsable de violar los derechos de comercio internacional de la empresa Calica, por lo que el gobierno mexicano pagará una indemnización de 15 millones 884 mil 117 dólares por el cierre parcial de su zona de extracción pétrea al sur de Playa del Carmen.
De acuerdo con Proceso la sentencia del panel internacional precisó que la clausura del predio El Corchalito, ocurrida a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, violó el artículo 1105 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sobre trato justo y equitativo.
En enero de 2018, al final del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el segmento de la zona de concesión bajo el argumento de que la empresa estadounidense excedió el permiso de extracción de calizas en más de dos hectáreas.
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Clausura predio de empresa Calica
De acuerdo con el documento de 530 páginas que consultó la revista Proceso, Ciadi concluyó que la actuación del gobierno mexicano durante la administración de Enrique Peña Nieto resultó arbitraria y notoriamente injusta contra los derechos de la empresa.
La resolución subraya que las acciones de la Profepa involucraron una ausencia de debido proceso y ofendieron la discrecionalidad judicial al negarse a considerar las pruebas periciales que presentó Calica.
El laudo del organismo internacional estableció también que ambas partes pagarán en montos iguales 2 millones 499 mil 514 dólares para cubrir los gastos de honorarios de los integrantes del panel.
Tras la clausura inicial, la empresa interpuso amparos para inconformarse tanto por el cierre como por una multa de 7 millones 985 mil 53 pesos, recursos que originaron el expediente que llegó ante el Ciadi.
Agravios pendientes en el sureste mexicano
El panel internacional, presidido por Albert Jan van den Berg, dejó pendiente la revisión de los reclamos que la compañía presentó por el cierre total de la zona de extracción que ordenó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2022.
El tribunal argumentó que el inicio del arbitraje ocurrió en 2019 bajo las reglas del TLCAN, por lo que los hechos recientes operan bajo las directrices del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Calica solicitaba originalmente más de mil 700 millones de dólares en compensación, luego de acusar un ataque sistemático desde las conferencias matutinas, la cancelación de su permiso aduanero y la intervención militar del puerto de Punta Venado.
La empresa testificó ante el Ciadi que, en mayo de 2022, inspectores de la Profepa ingresaron a sus instalaciones junto con más de 30 marinos armados, vehículos blindados y drones para clausurar el terreno de aproximadamente 2 mil hectáreas.
El gobierno de López Obrador decretó esta área como zona natural protegida al final de su mandato, acción que reforzó los obstáculos legales para reactivar la explotación de material pétreo.
La postura del gobierno actual frente al fallo
A finales de julio pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó profundizar en el tema cuando los medios dieron a conocer los primeros reportes sobre la decisión del arbitraje internacional. La mandataria se negó a ofrecer mayores detalles sobre la resolución que obliga al pago millonario.
Actualmente, la cantera de Calica, que inició operaciones en 1986, permanece sin actividad operativa.
El fallo del Ciadi priorizó el reclamo de indemnización monetaria sobre cualquier petición para reanudar las labores de extracción en la zona.