Análisis | Seguridad y política exterior
El 22 de febrero de 2026, el Ejército Mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados del planeta. Fue un operativo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, y ejecutado enteramente por fuerzas mexicanas.
Dos días después, Donald Trump se presentó ante el Congreso de Estados Unidos y pronunció una frase que encendió alarmas en México y en buena parte de América Latina: “Hemos eliminado a uno de los más siniestros líderes de los cárteles.” “Hemos”, el pronombre lo dice todo.
No fue Trump, fue México
De acuerdo con cifras del Gabinete de Seguridad y las Fuerzas Armadas mexicanas, 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida en los distintos enfrentamientos registrados en el país tras confirmarse el abatimiento del Mencho. Murieron mexicanos. Mexicanos que pusieron el cuerpo en un operativo planeado, coordinado y ejecutado desde México.
La presidenta Sheinbaum fue clara en conferencia de prensa, sin ambigüedades ni concesiones diplomáticas: “Toda la operación fue llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional de México.”
Es cierto que la inteligencia estadounidense —a través de agencias como la DEA o la CIA— compartió datos de geolocalización que contribuyeron a ubicar al objetivo. Eso forma parte de los acuerdos de cooperación bilateral que ambos países mantienen en materia de seguridad. Pero hay una diferencia sustancial entre aportar información dentro de un marco de cooperación y ejecutar una operación soberana en territorio nacional. Ningún elemento de las Fuerzas Especiales estadounidenses aterrizó en Tapalpa. Ningún agente de la DEA jaló el gatillo. La inteligencia compartida es un insumo, no una autoría.
Decir que Estados Unidos “eliminó” al Mencho porque pasó datos de ubicación es como decir que quien mandó la receta también cocinó la cena.
El patrón que no es nuevo
Lo que ocurrió tras el 22 de febrero no es un incidente aislado. Es parte de un patrón reconocible: cada vez que un país latinoamericano logra un resultado significativo en materia de seguridad, ciertos sectores —dentro y fuera de la región— necesitan que la narrativa termine con Washington como protagonista.
No importa quién disparó. No importa quién financió el operativo con su presupuesto. No importa quién enterró a sus muertos. La historia, según esta lógica, siempre debe terminar igual: Estados Unidos al centro, América Latina como escenario.
La función política de ese relato es precisa: legitimar el intervencionismo. Construir el argumento de que los países de la región son incapaces de gobernarse solos, de que necesitan tutela. Y una vez que se acepta esa tutela, el precio que se paga es la soberanía.
Lo que la historia ya registró
Trump puede repetir “hemos” cuantas veces quiera frente a las cámaras. Puede agitar la bandera y tomarse el crédito en su Congreso. Pero los registros son claros: el operativo fue mexicano, la orden la dio una mujer mexicana, y los que cayeron tenían uniforme mexicano.
La historia ya tiene nombre, fecha y nacionalidad.
Y no es la que él quiere contar.