- La Corte faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de promover juicios contra 16 excolaboradores de Genaro García Luna, quienes tienen abierto denuncias penales por celebrar contratos y convenios para construir y operar ocho centros penitenciarios en el país
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la vía legal para que se promuevan juicios contra exfuncionarios ligados al entonces secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, detenido desde diciembre de 2019 en Estados Unidos por conspiración y haber aceptado sobornos del Cártel de Sinaloa.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Omar García Harfuch, a través de su área legal, podrá litigar por presunto daño al patrimonio federal contra 16 exfuncionarios que participaron en la celebración de diversos contratos y convenios modificatorios para la construcción de ocho centros penitenciarios en distintos estados del país.
De acuerdo con las investigaciones la firma de diversos contratos y convenios habrían causado al erario superior a los 5 mil millones de pesos.
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El Pleno de la Corte aprobó la resolución con siete votos a favor y dos en contra, con lo cual revocó el criterio previo de un tribunal colegiado.
Este fallo reconoce por primera vez que una secretaría de Estado cuenta con la capacidad de promover amparos directos para defender los recursos públicos asignados a su propio presupuesto, bajo los lineamientos del artículo séptimo de la Ley de Amparo.
Excolaboradores de García Luna
El origen del caso radica en una denuncia penal que las autoridades presentaron durante 2020 en contra de 16 excolaboradores del entonces secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna.
La Fiscalía General de la República (FGR) los acusó de participar en irregularidades al momento de celebrar contratos y convenios para construir y operar ocho centros penitenciarios en el país.
Las autoridades ministeriales calcularon que estos actos administrativos provocaron una afectación superior a los cinco mil millones de pesos.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf elaboró el proyecto aprobado y expuso los argumentos ante sus pares durante la sesión.
“En el caso, los recursos comprometidos en las contrataciones investigadas son recursos federales cuya gestión correspondía a la Secretaría en representación de la Federación, de modo que la conducta imputada sí produjo una afectación patrimonial directa que satisface los requisitos del artículo séptimo de la Ley de Amparo”, detalló la ministra Ortiz Ahlf.
Irregularidades de excolaboradores de García Luna
Durante las audiencias de imputación, la FGR sostuvo que un grupo de funcionarios acordó diseñar un proceso aparente de adjudicación directa entre los años 2010 y 2011.
En ese periodo, Genaro García Luna encabezaba la entonces Secretaría de Seguridad Pública.
La acusación penal de la FGR se centra en exservidores públicos de menor jerarquía.
Las investigaciones señalan que los 16 excolaboradores de García Luna firmó 76 convenios modificatorios para mantener vigentes las contrataciones originales a lo largo del tiempo, a pesar de las diversas anomalías que las auditorías detectaron.
El tribunal colegiado dictará una nueva resolución
Inicialmente, un juez de control rechazó procesar a los acusados por los delitos de uso indebido de atribuciones y asociación delictuosa, tras considerar que los hechos ya prescribieron.
Un Tribunal de Alzada confirmó dicha decisión, lo que llevó a la SSPC a tramitar un amparo directo.
Sin embargo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito también desestimó el recurso procesal bajo el argumento de que la dependencia federal carecía de legitimación.
Tras el análisis del caso, la SCJN determinó que el tribunal colegiado falló al no estudiar de forma completa el acto reclamado.
El máximo tribunal ordenó devolver el expediente jurisdiccional al órgano colegiado para que emita una nueva resolución de amparo, en la cual deberá reconocer formalmente el interés jurídico de la Secretaría de Seguridad.