De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la agresión tuvo lugar en la alcaldía Azcapotzalco. El presunto responsable, identificado como Uriel “N”, atacó inicialmente a su abuela, una mujer de 74 años. Al intentar intervenir en su defensa, el hermano de la víctima, de 80 años, también fue apuñalado en repetidas ocasiones por el agresor.
En en una vivienda de la calle Leopoldo Blakaller, en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, Azcapotzalco un joven de 20 años de edad fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de haber sido señalado como el presunto responsable de un doble homicidio.
Mientras la administración capitalina de Clara Brugada celebra una reducción histórica en los delitos de alto impacto, casos de extrema violencia como el de Uriel “N” choca frontalmente con la brutalidad de crímenes que el Estado no supo —o no pudo— anticipar.
Pese a que el Gobierno de la CDMX presumió en su primer informe de seguridad del 2026 una baja del 19 por ciento en delitos de alto impacto —alcanzando una media de 47 delitos al día—, las cifras de la Fiscalía revelan una realidad distinta. La titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, Bertha Alcalde, reportó un incremento del 28.3 por ciento en órdenes de aprehensión marcando una discrepancia entre la incidencia reportada y la acción penal ejecutada.
La doble realidad de la violencia en CDMX
El panorama de seguridad para la población de la tercera edad muestra una vulnerabilidad crítica: según datos del INEGI, México contabilizó 14,558 homicidios de adultos mayores en el periodo comprendido entre 2015 y 2023.
Este fenómeno muestra un patrón: 30 por ciento de estos asesinatos perpetrados entre 2015 y 2023 contra el adulto mayor ocurrieron en sus hogares, es decir, que cada mes cerca de 40 personas de más de 60 años fueron asesinadas en sus casas.
Las autoridades capitalinas confirmaron que, de acuerdo con los primeros reportes, el detenido había sido internado por sus familiares en una clínica de atención psiquiátrica, de la cual se escapó en días recientes.
A través de un comunicado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que el presunto responsable fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.
Salud mental y el derecho a la prevención
El caso de Uriel “N” trasciende. Al confirmarse que el joven escapó de una clínica de atención psiquiátrica antes del homicidio, el foco del debate se desplaza: ¿Es este un fallo individual o una negligencia institucional sistémica?
El proceso legal que enfrenta Uriel “N” se encuentra frente a la inimputabilidad. Esto implica que si los peritajes a Fiscalía y el Poder Judicial confirman que el joven no tenía la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos al momento del crimen, el Estado no podrá imponer una pena de prisión convencional, sino una medida de seguridad.
Mientras las cifras de Clara Brugada muestran descensos en los homicidios de alto impacto, la realidad de este caso revela que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para los adultos mayores.
El Estado falló en garantizar el derecho a la protección de este sector poblacional, pero también ha fallado en el seguimiento de jóvenes con padecimientos mentales, quienes, al carecer de una red de contención pública efectiva, terminan siendo víctimas y victimarios de un sistema que no previene.