- La Fiscalía de Veracruz solicita desaforar a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán, por su presunta autoría intelectual en el secuestro y muerte de Roxana Guzmán
La Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó formalmente al Congreso local el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, a quien la autoridad ministerial imputa como presunto autor intelectual del secuestro y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales entregadas al Poder Legislativo, un testigo declaró que el alcalde de la bancada de Movimiento Ciudadano contactó a líderes operativos de la célula criminal Grupo Sombra, conocidos con los alias de “Shelby” o “Tommy”, para encomendar la privación de la libertad y el homicidio de la comunicadora.
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La orden de ir por ella la cumplieron hombres armados, quienes la sacaron de su domicilio para después llevársela, hecho que quedó registrado en un video.
Las indagatorias señalan que la víctima, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, poseía una fotografía en la que el funcionario portaba un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Tras la agresión registrada el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, elementos periciales localizaron los restos de la periodista el 3 de julio en un predio del Ejido Emiliano Zapata, confirmando su identidad mediante estudios forenses.
Hasta la fecha, las autoridades mantienen bajo detención a ocho personas vinculadas al caso, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y un presunto integrante de la organización criminal identificado como José Del Carmen “N”, alias “El Delta 7”.
Por el desafuero de alcaldes
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Naomi Edith Gómez Santos confirmó que la institución notificó formalmente los procedimientos iniciados contra Raúl González Martínez y contra el alcalde del municipio de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, quien también estaría implicado en el caso.
A partir de dicha notificación, los servidores públicos disponen de un plazo de siete días hábiles —con vencimiento el próximo martes 28 de julio— para presentar sus alegatos por escrito o acudir ante la Comisión Instructora.
Posteriormente, la comisión desahogará las pruebas, evaluará el expediente y dictaminará la solicitud para enviarla al Pleno, donde se requerirá la aprobación por mayoría de votos para retirar la inmunidad procesal a los munícipes.
Exigencia de justicia de la familia
Frente a este escenario, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Elena Córdova Molina reconoció el cumplimiento de la ley pero advirtió que la bancada vigilará que la justicia no opere como una herramienta de persecución política contra la oposición.
Por su parte, Rubicelia Ramírez Posada, madre de la periodista, exigió a la fiscalía estatal evitar la fabricación de chivos expiatorios y demandó aplicar todo el peso de la ley contra los implicados.
Asimismo, la madre de la víctima solicitó extender las investigaciones hacia mandos policiales de Nanchital y localizar a un elemento de esa corporación que permanece prófugo de la justicia.