- Respecto a las elecciones 2027, el INE evidencia posturas divididas sobre los proyectos que buscan fiscalizar las actividades políticas
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral no llega a acuerdo para definir los lineamientos y regular a candidatos adelantados rumbo a 2027.
Se aplazó la discusión de dos proyectos para regular actos anticipados rumbo a la elección de 2027 ante la falta de consenso entre consejeros y las divisiones internas.
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Falta consenso en el INE rumbo a elecciones 2027
Ante la falta de consensos para construir una propuesta única que regule y fiscalice las actividades políticas adelantadas rumbo a los comicios de 2027, los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordaron debatir por separado dos proyectos distintos sobre la misma materia.
Durante la sesión de este miércoles, el consejero Uuc-Kib Espadas solicitó retirar del orden del día los documentos que presentaron los consejeros Arturo Castillo y Jorge Montaño Ventura.
El consejero espadas advirtió que discutir ambas propuestas de manera simultánea podría profundizar las confrontaciones internas de la autoridad electoral.
“No me parece adecuado y tampoco sano que este Consejo dispute en dos puntos distintos dos proyectos de la misma materia, siendo imposible la aprobación de los dos al mismo tiempo”, afirmó Uuc-Kib Espadas
La consejera Rita Bell López Vences respaldó esta petición para buscar un acuerdo previo.
Sin embargo, Arturo Castillo rechazó retirar su iniciativa y argumentó que él circuló su documento hace 57 días.
En contraste, señaló que Montaño distribuyó su propuesta apenas 24 horas antes de la reunión, por lo que Castillo mantuvo su proyecto en discusión al considerar urgente emitir los criterios para los partidos.
Reglas para frenar proselitismo anticipado
Los proyectos que debaten los consejeros buscan establecer reglas claras para los partidos políticos que ya definen a sus aspirantes a cargos públicos.
El documento central establece que las personas que participen en los procesos internos partidistas tienen prohibido entregar dádivas, utilizar espacios en radio o televisión y disponer de recursos públicos.
La normativa también prohíbe a los servidores públicos emitir manifestaciones a favor o en contra de los perfiles inscritos.
Asimismo, la propuesta obliga a los partidos a fijar un tope de gastos para cada participante, quienes deberán reportar todos los pagos operativos, traslados, hospedaje y propaganda en la vía pública o en medios digitales.
Las operaciones financieras superiores a un umbral específico deben ocurrir mediante transferencias o cheques nominativos desde cuentas bancarias partidistas.
Además, los actores políticos solo podrán contratar bienes y servicios con proveedores que cuenten con registro vigente ante el INE.
Fiscalización y sanciones recientes
Si el Consejo General aprueba estas reglas, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE asumirá la responsabilidad de realizar los monitoreos, las visitas de verificación y los procedimientos correspondientes.
El periodo que las autoridades fiscalizarán inicia con la emisión de la convocatoria partidista y concluye con la publicación de los resultados finales.
Apenas en mayo de este año, la mayoría de los consejeros rechazó un acuerdo previo para fijar lineamientos sobre estas actividades.
Los debates internos demuestran que el desacuerdo principal radica en determinar si la institución cuenta con la base legal suficiente para emitir reglas sobre actividades que ocurren antes del inicio formal del proceso electoral federal 2026-2027.
En otro asunto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las primeras sanciones que el INE impuso al partido político Paz por entregar dádivas durante dos asambleas distritales en el estado de Jalisco.
Igualmente, los magistrados avalaron que la autoridad electoral descuente 17.8 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por diversas violaciones a las leyes electorales.