En San Luis Potosí, una discusión sobre aborto volvió a evidenciar una tensión persistente: ¿qué ocurre cuando las mujeres buscan información y acompañamiento en espacios donde el sistema de salud sigue sin garantizar acceso suficiente?
La controversia comenzó después de que los medios locales La Orquesta y Código San Luis publicaran notas sobre mujeres de la Huasteca potosina que recurren a redes sociales, tutoriales y plataformas digitales para obtener información sobre interrupción del embarazo. Titulares como “Médico alerta por abortos realizados con consejos de redes sociales en la Huasteca” y “Mujeres huastecas buscan tutoriales para practicarse abortos” colocaron el foco, principalmente, en los riesgos médicos de estos procesos y en la preocupación de especialistas de salud frente a abortos realizados fuera de instituciones sanitarias.
Las publicaciones generaron preocupación pública, pero también provocaron una respuesta inmediata de organizaciones feministas y redes de acompañamiento. Frente Marea Verde San Luis Potosí ejerció su derecho de réplica para señalar un elemento que, a su juicio, había quedado fuera de la conversación: el contexto en el que muchas mujeres toman estas decisiones.
Porque la pregunta no es únicamente por qué algunas mujeres recurren a TikTok, tutoriales o redes sociales para informarse sobre aborto. La pregunta de fondo es otra: ¿qué sucede cuando el acceso a servicios públicos de salud es tan limitado que internet termina ocupando un lugar que debería corresponder al Estado?
La Huasteca potosina enfrenta condiciones particulares. Se trata de una región marcada históricamente por desigualdades territoriales, barreras económicas, diversidad lingüística, limitaciones en infraestructura médica y dificultades de conectividad. Aunque San Luis Potosí despenalizó el aborto en noviembre de 2024, la distancia entre el reconocimiento legal del derecho y las condiciones materiales para ejercerlo sigue siendo considerable.
La reforma legal modificó el marco normativo, pero no resolvió automáticamente las barreras de acceso. Despenalizar no equivale, por sí mismo, a garantizar hospitales con capacidad operativa, personal médico capacitado, información pública clara ni servicios accesibles. Mucho menos en territorios donde un centro de salud especializado puede encontrarse a varias horas de distancia, los costos de traslado resultan prohibitivos o el estigma continúa operando como un factor de silenciamiento.
En ese vacío institucional, las redes de acompañamiento han adquirido un papel cada vez más visible. Y es justamente ahí donde la discusión suele tensarse. Para algunos sectores, la circulación de tutoriales o información sobre aborto en redes sociales representa un problema de salud pública y un síntoma de desinformación. Para organizaciones como Frente Marea Verde SLP, en cambio, el problema central no es que las mujeres busquen información digital, sino las condiciones estructurales que las obligan a hacerlo ante la ausencia de servicios oportunos y accesibles.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los modelos de aborto con medicamentos y acompañamiento autogestivo pueden ser seguros cuando existen información adecuada, protocolos claros y acceso oportuno a atención médica. La discusión, entonces, no pasa por negar riesgos ni idealizar soluciones informales, sino por reconocer las razones que empujan a muchas mujeres a buscar respuestas fuera de los canales institucionales.
En muchos casos, internet no sustituye una preferencia personal. Sustituye una ausencia. La criminalización social del aborto —incluso en contextos donde ya no constituye un delito— sigue produciendo efectos concretos. El temor al juicio moral, el maltrato institucional, la desinformación o la falta de confidencialidad continúan alejando a muchas mujeres de los servicios formales de salud. En comunidades rurales e indígenas, además, estas barreras suelen intensificarse por razones económicas, lingüísticas y territoriales.
Por eso, reducir la conversación a una alerta sobre mujeres que “aprenden a abortar en TikTok” puede simplificar un problema considerablemente más complejo. La discusión no trata únicamente de redes sociales. Tampoco se reduce a un debate sobre decisiones individuales. Se trata de un sistema de salud que todavía enfrenta dificultades para garantizar acceso efectivo, información confiable y atención digna para quienes deciden interrumpir un embarazo.
La pregunta de fondo no es si las mujeres deberían buscar información en internet. La pregunta es por qué, aun cuando el aborto ya fue despenalizado, muchas siguen teniendo que recurrir a esos espacios para ejercer un derecho que, en teoría, ya les fue reconocido.
Porque cuando el acceso institucional falla, las plataformas digitales dejan de ser solamente una herramienta de consulta. En muchos casos, terminan convirtiéndose en un sustituto de aquello que el Estado todavía no logra garantizar.