La reforma que impulsa el gobierno de Javier Milei busca “destrabar inversiones” mineras cambiando la Ley de Glaciares.
Científicos y asambleas por el agua alertan que el costo real puede pagarse en el único recurso que no tiene reemplazo: el agua.
Una pelea que se entiende desde cualquier país con crisis hídrica
Argentina está discutiendo algo que suena técnico —qué se protege y qué no bajo la Ley de Glaciares—, pero en realidad es un conflicto global: cómo se financia la “transición energética” (cobre, oro, plata) sin vaciar de agua a las regiones que la sostienen. El Congreso debate cambios a una norma de 2010 que hoy prohíbe actividades extractivas en glaciares y ambiente periglacial; la reforma, en términos simples, mueve el poder de decisión hacia las provincias y recorta el alcance de lo protegido, bajo el argumento de habilitar inversiones.
Para México —donde el estrés hídrico ya es conversación cotidiana aunque no tengamos glaciares “a la vista”— la historia importa por una razón incómoda: cuando el agua compite contra un modelo extractivo, el agua suele tener peor lobby.
¿Qué está en juego cuando hablamos de “glaciares”?
Uno de los puntos más delicados del debate es el ambiente periglacial y los llamados “glaciares de escombros”: hielo “invisible” bajo roca, que funciona como regulador hídrico. Científicos advierten que si la protección se vuelve condicional (“solo lo que pruebe función hídrica”), se abre una zona gris perfecta para que avance la minería justo donde el hielo no se ve, pero sí sostiene cuencas.
La propia Argentina creó un Inventario Nacional de Glaciares para ubicar y clasificar estos cuerpos de hielo; el dato duro: se registran 16,968 cuerpos de hielo con una superficie total de 8,484 km².
El “caso Vicuña”: megainversión, altura extrema y promesa de “no tocar glaciares”
El debate no ocurre en abstracto. En la cordillera de San Juan, en frontera con Chile, avanza el proyecto Vicuña (minas Filo del Sol y Josemaría), una sociedad formada en 2025 entre BHP y Lundin. La empresa lo presenta como una futura operación de escala mundial y, según autoridades provinciales citadas en la cobertura, se habla de US$12,000–15,000 millones en 20 años, con miles de millones en los próximos años bajo incentivos del RIGI.
La compañía dice que no necesita la reforma para operar y que no tocará glaciares dentro de su concesión. Pero el punto ciego está en el subtexto: aunque prometas no tocar “glaciares”, el corazón del conflicto es qué se redefine como glaciar o periglacial y quién lo decide.
La alarma social: “no es anti-minería, es pro-agua”
Del otro lado están asambleas y comunidades que llevan años documentando una ecuación repetida: empleo prometido + agua en duda + control público debilitado. El caso emblemático es Veladero (San Juan), que dejó una marca social por derrames y desconfianza; y ahora, con la reforma en agenda, las asambleas por el agua se reactivan y empiezan a trabajar en red, con un mensaje que busca salir del binarismo: no es “progreso vs. ambientalismo”, es “agua vs. riesgo irreversible”.
Y acá aparece una idea clave para una audiencia internacional: el agua es un derecho, no un “insumo”. La ONU reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento en 2010.
La dimensión global: transición energética con narrativa verde… y huella hídrica real
El cobre es central para la electrificación, las redes y las tecnologías “verdes”. Pero esa demanda global empuja a explorar más alto, más lejos y más frágil. La pregunta incómoda que deja el debate argentino —y que aplica a México, Chile, Perú, Colombia o cualquier país con extractivismo— es: ¿quién asume el costo ambiental y social de los minerales “del futuro”?
En paralelo, el marco de derechos ambientales en la región (como el Acuerdo de Escazú, adoptado en 2018) pone sobre la mesa obligaciones de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental. Si la reforma se percibe como un atajo sin legitimidad social, el conflicto no se apaga: se traslada a tribunales, calles y boicots de “licencia social”.
¿Por qué esto debería importarle a México y al mundo?
Porque es el mismo dilema global con distinto paisaje: minerales para la “transición energética” vs. agua para vivir. El cobre, el oro y la plata no se extraen en el vacío: se extraen en territorios con gente, cuencas y ecosistemas que ya están bajo presión climática. Y cuando un país “actualiza” su ley para acelerar inversiones, muchas veces lo que hace en realidad es mover la línea de lo intocable —y esa línea casi siempre pasa por el agua.
A México le toca por espejo: acá también convivimos con estrés hídrico, conflictos socioambientales y la tentación política de vender el extractivismo como atajo al desarrollo. Y al mundo le toca porque la demanda que empuja estos proyectos no nace en la cordillera, nace en cadenas de suministro globales: autos eléctricos, redes, baterías, infraestructura “verde”. Si la transición se financia secando territorios, no es transición: es externalización del costo.
gph