La mujer de 52 años desapareció tras someterse a una lipólisis láser en una clínica clandestina en Bogotá. Días después, su cuerpo fue localizado en una carretera. El caso obliga a preguntarse si ciertas muertes atravesadas por negligencia, ocultamiento y lucro sobre los cuerpos de las mujeres pueden leerse como parte de una violencia feminicida normalizada. En México, la historia inevitablemente recuerda el caso de Paloma Nicole, la adolescente de Durango que murió tras una cirugía estética en 2025.
El 13 de mayo, Yulixa Consuelo Toloza, de 52 años, entró a un establecimiento en el sur de Bogotá para hacerse una lipólisis láser. Horas después, su familia perdió el rastro. Lo último que se supo de ella, antes de que su cuerpo fuera hallado días más tarde en una carretera de Apulo, Cundinamarca, quedó registrado en video por una amiga: Yulixa no podía respirar, su piel estaba amarillenta y la desorientación era evidente. No salió por su propio pie; las cámaras de seguridad externas mostraron a dos hombres sacándola del lugar para subirla a un auto particular.
El protocolo de la impunidad
Aquí es donde la narrativa del “accidente médico” se rompe y revela su rostro más crudo. Cuando un procedimiento en el quirófano sale mal, la respuesta institucional y humana esperada es la emergencia: la ambulancia, el hospital, el intento desesperado por preservar la vida de una paciente.
En el caso de Yulixa, la complicación médica transformó la urgencia de su salud en un problema que los agresores decidieron esconder. La prioridad del establecimiento —llamado Beauty Laser y carente de cualquier permiso sanitario— no fue salvarla, sino borrar el rastro de su propia negligencia. Desconectaron y se llevaron el DVR con las grabaciones de las cámaras de seguridad internas. Dejaron a otra paciente encerrada en el lugar. Mintieron a la familia asegurando que se había ido sola. Cuando la vida de una mujer se apaga en la clandestinidad, el protocolo de auxilio es reemplazado de inmediato por el protocolo de la impunidad.
Marketing estético: “sin incapacidad” pero con todo el riesgo
Este entramado descansa sobre una estructura perversa: la industria estética de consumo masivo y rápido que opera sobre los cuerpos de la mujeres. Bajo etiquetas comerciales como “mini lipo”, “lipo suave”, “sin anestesia” o “sin incapacidad”, el mercado maquilla el quirófano de peluquería y minimiza el peligro real.
Estas fórmulas de marketing no son inocentes; están diseñadas específicamente para reducir la percepción del riesgo, mercantilizando el deseo y la exigencia social de encajar en cánones de belleza inalcanzables. Se vende la falsa idea de que alterar el cuerpo es un trámite cotidiano, un servicio exprés de fin de semana. Al despojar al procedimiento de su naturaleza médica e invasiva, se precariza el riesgo y se normaliza que las mujeres asuman tecnologías médicas peligrosas en condiciones de total desamparo legal y sanitario.
Justicia patriarcal vs. verdad feminista
Mirar este caso desde un periodismo feminista exige desbordar los límites del expediente policial y del código penal. La pregunta aquí no es si la justicia patriarcal tipificará esto como un homicidio culposo o una simple mala praxis. La pregunta es estrictamente política: ¿por qué la muerte de una mujer en un entorno de lucro, deshumanización y desamparo deliberado no se nombra como violencia feminicida?
El feminicidio no solo ocurre bajo el libreto de la violencia de pareja; también se configura cuando existe un abandono sistémico, un desprecio absoluto por la vida de las mujeres en favor del beneficio económico, y una secuencia de encubrimiento que vulnera su dignidad incluso después de la muerte. Cuando el lucro médico se combina con el ocultamiento, el resultado es una violencia estructural que asume la vida de las mujeres como un costo colateral tolerable de la industria de la belleza.
Paloma Nicole y Yulixa: las vidas que nos cuesta la belleza
La historia de Yulixa no es un hecho aislado ni un problema exclusivo de la periferia bogotana; es un síntoma regional que cruza fronteras y repite patrones de presión social y clínicas clandestinasl. En México, este dolor resuena con fuerza en el caso de Paloma Nicole, la adolescente de 14 años que en septiembre de 2025 murió en Durango tras someterse a una cirugía estética de prótesis mamarias y lipotransferencia.
La tragedia de Paloma Nicole devela la misma vulnerabilidad sistémica y falta de controles: la intervención fue realizada en una clínica privada por el cirujano Víctor Manuel Rosales —pareja de la madre de la menor—, quien junto a la madre enfrenta cargos por práctica indebida del servicio médico, abandono y usurpación de funciones, al haber participado ella en la cirugía sin ser profesional de la salud. Bogotá y Durango quedan conectadas por el mismo hilo transnacional: el de prácticas negligentes que operan bajo la sombra de la irregularidad, capturando la presión social sembrada en las mujeres y las niñas.
Las vidas de Yulixa y de Paloma no se perdieron solo en la camilla de una intervención irregular. Se perdieron mucho antes, en el momento exacto en que la sociedad decidió que el imperativo de ser bella vale tanto como para arriesgar la existencia, y que si una vida se apaga en el intento, los responsables activan el silencio, el abandono y la impunidad.