- La gobernadora de Chihuahua envió una carta a la Cámara Alta argumentando que la información del caso es materia de “Seguridad Nacional” y que su asistencia no es obligatoria
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, notificó oficialmente al Senado de la República que no asistirá a la reunión de trabajo programada para este martes con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.
El encuentro buscaba esclarecer la presunta participación de agentes de la CIA en operativos contra el narcotráfico en la Sierra Tarahumara. A través de un oficio dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva, el Gobierno de Chihuahua justificó la inasistencia alegando la necesidad de proteger investigaciones en curso que involucran información clasificada.
La carta enviada al Senado
En el documento enviado al recinto legislativo, la mandataria panista enfatizó que revelar detalles del operativo podría comprometer el éxito de las diligencias judiciales y la integridad del Estado.
“A fin de salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial o clasificada les informo que en este momento no es posible atender la invitación en los términos planteados”, informó la gobernadora.
La polémica estalló tras los hechos ocurridos el pasado 18 de abril, donde se reportó la destrucción de narcolaboratorios en territorio chihuahuense. El enfrentamiento causó la muerte de agentes mexicanos y estadounidenses. Pese a las presiones de legisladores de Morena, quienes exigían la presencia de la gobernadora para rendir cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó distancia durante su conferencia matutina.
La mandataria federal subrayó que, bajo el pacto federal, no tiene facultades para exigir la comparecencia de una autoridad estatal electa.
“Yo no puedo darle instrucción a una gobernadora que fue electa por su pueblo. Ella tiene que tomar sus propias decisiones”, afirmó Sheinbaum, dejando la responsabilidad política y jurídica enteramente en manos de la administración chihuahuense.
Campos aseguró que ya turnó toda la información técnica a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis legal.