- En Bolivia, en los años 80, coincidieron Klaus Barbie, exnazi y asesor militar, Pablo Escobar y Roberto Suárez; entre inteligencia, contrainsurgencia y narco, se formó una red donde la CIA y gobiernos locales cruzaron intereses en la guerra contra el comunismo
En la historia oficial los cables parecen no cruzarse nunca, pero hay una fecha y un lugar donde los secretos de la Segunda Guerra Mundial, el origen de los carteles y el espionaje de Estados Unidos se volvieron una sola cosa.
Fue el 8 de enero de 1981 en una casa de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Mientras comían asado y tomaban champaña, en esa mesa se sentaron tres hombres que en teoría no debían estar juntos.
Estaba el dueño de casa Roberto Suárez, un joven Pablo Escobar que apenas empezaba su ascenso y un anciano que los vecinos conocían como el respetable empresario Klaus Altmann. Para el resto del mundo ese viejo era Klaus Barbie, el “Carnicero de Lyon”, un jefe de la Gestapo que huyó de Europa para no pagar por sus crímenes de guerra.
Barbie no terminó en Bolivia por un golpe de suerte. Su llegada fue parte de un plan que empezó en 1947, cuando la inteligencia de Estados Unidos decidió que los nazis eran demasiado útiles para perseguir comunistas como para dejarlos morir en una celda.
Bajo la sombra de lo que después sería la CIA, Barbie se volvió una pieza clave para los militares bolivianos y su historial es asombroso. Fue él quien asesoró al ejército de ese país para capturar y matar a Ernesto “Che” Guevara en 1967.
El mismo hombre que enviaba judíos a las cámaras de gas en Francia terminó años después cazando guerrilleros en la selva boliviana por encargo de Washington.
“Novios de muerte”
En esa cena de 1981 el nazi no era un invitado decorativo. Él puso a disposición a sus “Novios de la Muerte”, un grupo de matones que cuidaban las pistas y las rutas de la cocaína que Suárez producía en Bolivia y Escobar movía hacia el norte con una eficiencia que cambió el negocio para siempre.
Este pacto armó un sistema de dinero sucio que rompía cualquier esquema de seguridad convencional. Mientras los agentes de la DEA intentaban dar golpes aislados, otras oficinas en Washington protegían a los mismos narcos.
Michael Levine, un agente que estuvo infiltrado en la red boliviana, contó después cómo sus propios jefes y la CIA le arruinaban las operaciones porque ese dinero servía para financiar la lucha contra el comunismo.
Esta vieja escuela de gestión política, donde el Estado utiliza el crimen para financiarse o controlarlo, encuentra ecos hoy en territorios como Chihuahua. El caso de Maru Campos y su “Plataforma Centinela” es un ejemplo de cómo la seguridad se convierte en un negocio opaco de miles de millones de pesos entregados a empresas con vínculos sospechosos.
Los hechos muestran que, bajo la promesa de vigilar con cámaras, se han transferido recursos públicos a los mismos engranajes que permiten que el control real del territorio siga en manos de quienesoperan en las sombras.
Lo que se acordó en esa mesa de Santa Cruz de la Sierra terminó golpeando las calles de la peor forma posible, convirtiendo la tragedia de la droga en el combustible para pagar masacres y control político.
Al final la reunión en Equipetrol no fue una casualidad de borrachos sino el momento en que se inventó el narcofascismo, ese sistema que usa el veneno de la droga para financiar el control del poder.