- El Congreso del Estado de México. aprobó la minuta de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso de la Unión en la expedición de una Ley General en materia de feminicidio.
La modificación legal, centrada en el artículo 73 de la Constitución federal, busca establecer un marco jurídico nacional que determine tipos penales y sanciones mínimas para este delito. El dictamen aprobado tiene su origen en una propuesta impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante la sesión de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, se expuso que la reforma pretende eliminar las disparidades en la impartición de justicia derivadas de las diferencias entre códigos penales estatales.
La diputada Selina Trujillo Arizmendi, encargada de leer el documento, señaló que la medida busca que la justicia no dependa del “código postal”, garantizando que las penas sean congruentes en todo el territorio nacional. El objetivo técnico de la reforma es cerrar lagunas legales que permiten la reclasificación o minimización de los casos.
Por su parte, la parlamentaria Zaira Cedillo Silva destacó que la creación de esta Ley General obligará a la implementación de protocolos de investigación con perspectiva de género uniformes en todas las entidades federativas.
Expone que, al otorgar al Congreso de la Unión mayores facultades para legislar en materia de feminicidio, se sientan las bases para una homologación efectiva del tipo penal, lo que contribuye a mejorar las condiciones de acceso a la justicia, así como a reducir la impunidad y garantizar una procuración de justicia más eficiente, en beneficio de la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencias.
Lagunas penales en materia de feminicidio
En sus participaciones, Selina Trujillo señaló que la reforma representa un paso firme para cerrar las lagunas que el Estado dejó durante años, ya que establece que el feminicidio será atendido con leyes generales que definan con claridad los tipos penales y sus sanciones, homologando criterios en todo el país.
Añadió que esto implica algo muy concreto: la justicia dejará de depender del código postal; las penas serán congruentes en todo el territorio nacional y los vacíos legales dejarán de ser refugio para la impunidad.
Asimismo, destacó que se mandata a los congresos locales y al Congreso de la Unión a expedir esta legislación en un plazo definido, además de establecer un régimen de transición para que todas las entidades armonicen sus normas. Es decir, subrayó, no se trata sólo de un cambio constitucional, sino de una ruta obligada de acción.
“Hoy podemos afirmar, con responsabilidad y esperanza, que el Estado mexicano se pone a la altura de la exigencia de justicia de millones de mujeres que han alzado la voz en las calles, en los tribunales y en la memoria de quienes ya no están, y por quienes seguimos luchando”, afirmó Zaira Cedillo.