Tras la polémica por la compra de nueve unidades blindadas, el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, aclaró que los vehículos se adquirieron por el deterioro del parque vehicular, pero anunció que no serán utilizados por los ministros para priorizar la política de austeridad.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, respondió este lunes a las críticas derivadas de la reciente adquisición de nueve camionetas blindadas de lujo. En una conferencia de prensa, Aguilar aseguró que la institución está comprometida con la austeridad y anunció que los ministros han decidido no utilizar dichas unidades.
Aguilar Ortiz explicó que la compra de las camionetas —valuadas en aproximadamente 2.4 millones de pesos cada una— no fue un acto de ostentación, sino una medida técnica. Según el ministro, el parque vehicular actual heredado de la administración anterior se encuentra severamente deteriorado, al punto de que varios ministros se han quedado “tirados” en carretera durante comisiones oficiales debido a fallas mecánicas y al vencimiento de la vida útil del blindaje.
“Entendemos los cuestionamientos, pero seguridad no implica lujo. Nos comprometimos a actuar con austeridad, pero la austeridad no va a tener ninguna implicación en el funcionamiento institucional”, señaló.
Renuncia al uso de las unidades
Ante la indignación ciudadana y los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien celebró la rectificación, la SCJN informó que se iniciará un proceso para desincorporar o devolver los vehículos. En caso de no ser posible la devolución, las camionetas serán reasignadas a jueces y magistrados de distrito que enfrentan riesgos reales y amenazas directas en el ejercicio de su labor en zonas de alto peligro.
El ministro presidente fue enfático al declarar su disposición personal a utilizar medios de transporte públicos: “Yo puedo andar hasta en Metro”, afirmó, subrayando que actualmente no existen amenazas o reportes de riesgo que justifiquen el uso de tales medidas de protección para los integrantes del pleno.
Ajustes presupuestarios y “herencia” de la anterior Corte
Durante el encuentro con medios, se aclaró que el Poder Judicial ha enfrentado recortes presupuestarios significativos (cerca de 16 mil millones de pesos), lo que los ha obligado a eliminar beneficios como el seguro de gastos médicos mayores para altos niveles, generando un ahorro de 191 millones de pesos.
Asimismo, Aguilar Ortiz aclaró la situación de los vehículos de la integración anterior. Desmintió los rumores de “robo”, explicando que existe un acuerdo plenario que permite a los ministros en retiro adquirir sus vehículos asignados mediante un avalúo interno.
Esta rectificación ocurre en un contexto donde la nueva integración de la Corte, elegida por voto popular, busca legitimarse bajo los principios de la administración pública federal actual, equilibrando la seguridad institucional con el gasto responsable.