Históricamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue señalada como el último bastión de una aristocracia intocable. Sin embargo, bajo la presidencia del ministro Hugo Aguilar Ortiz, la institución ha iniciado una “limpieza” presupuestaria que emula la austeridad instaurada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El acto más contundente de esta nueva etapa en SCJN es la devolución de 22 millones de pesos correspondientes a nueve camionetas blindadas. “Yo puedo andar en Metro”, sentenció Aguilar, marcando un antes y un después en la relación de los jueces con la ciudadanía.
Al igual que AMLO hizo con el avión presidencial—al considerarla un insulto frente a las carencias de México—, las Jeep Grand Cherokee 2026, valuadas en 2.4 millones de pesos cada una, ya no serán para el uso personal de los ministros. Aguilar ha instruido que, de no poder cancelarse la compra, las unidades se entregarán a jueces de distrito que operan en zonas de alto riesgo, priorizando la seguridad operativa sobre el confort cupular.
La ruta de la devolución: De Palacio Nacional a la Suprema Corte
El proceso de “devolución al pueblo” que inició Andrés Manuel López Obrador tuvo su eje en el desmantelamiento de los símbolos de poder. El ejemplo más drástico fue la transformación de Los Pinos, una residencia de 56 mil metros cuadrados, en un centro cultural público, y la rifa/venta del Avión Presidencial.
Acciones que reintegraron miles de millones de pesos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En una sintonía casi idéntica, Hugo Aguilar ha comenzado a “abrir las puertas” de la Corte, y ordenando que cualquier bien recuperado de la administración anterior sea reasignado a la operatividad básica de los juzgados más pobres, rompiendo la burbuja de aislamiento que rodeaba a Pino Suárez 2.
En materia de ingresos, AMLO marcó el precedente histórico con la Ley Federal de Remuneraciones, eliminando las pensiones vitalicias a expresidentes —que costaban millones al año— y fijando un techo salarial para la alta burocracia. Hugo Aguilar ha ratificado esta justicia distributiva al interior del Poder Judicial, no solo ajustando los salarios de los ministros para que no superen los 137 mil pesos netos, sino eliminando los “haberes de retiro” excesivos y los fondos de ahorro especiales que permitían a los jueces retirarse con fortunas acumuladas. Lo que antes era un fondo privado de ahorro para una élite, hoy se traduce en un ahorro presupuestario que se queda en la Tesorería de la Federación.
Finalmente, el rubro de la salud pública representa el cambio más tangible en el gasto diario. Mientras AMLO canceló los seguros de gastos médicos privados para todo el Ejecutivo —un ahorro de más de 5 mil millones de pesos anuales en su momento—, Hugo Aguilar ha asestado un golpe similar en la Corte al eliminar las pólizas de élite que costaban 191 millones de pesos al año. Al integrar a los ministros al ISSSTE.
“Justicia sin opulencia”
Hugo Aguilar ha sido enfático en que la independencia judicial no debe confundirse con beneficios económicos. Con la lupa sobre los 191 millones de pesos antes malgastados en seguros y bonos automáticos, la presidencia de la Corte proyecta un ahorro histórico de 1,000 millones de pesos para los próximos dos años.