La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la modificación de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La sesión comenzó a las tres de la tarde y se extendió por más de diez horas. Afuera del Congreso, hubo movilizaciones y consignas. Adentro, una mayoría clara. El resultado no sorprende tanto como lo que implica.
Una ley que deja de ser referencia
Desde su sanción en 2010, la Ley de Glaciares había sido citada como un estándar internacional de protección ambiental. Su lógica era preventiva: proteger todas las masas de hielo perenne como reservas estratégicas de agua. La reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei cambia ese criterio. A partir de ahora, los glaciares deberán demostrar su “relevancia hídrica” para ser protegidos. La decisión, además, ya no será centralizada: quedará en manos de las provincias. El giro no es menor. Introduce discrecionalidad en un terreno que hasta ahora se regía por un principio de protección amplia.
El nuevo mapa de intereses detrás de la venta de los glaciares
La descentralización de la decisión no ocurre en el vacío. Son las propias provincias —varias de ellas articuladas en torno al desarrollo minero— las que impulsaron esta modificación. La llamada “mesa del cobre” fue uno de los espacios donde se consolidó ese posicionamiento. El argumento es conocido: atraer inversiones, dinamizar economías regionales, ampliar la matriz productiva. El contrapunto también: el riesgo de habilitar proyectos en zonas sensibles, con impactos potencialmente irreversibles sobre fuentes de agua.
Lo que no entró en la discusión
Uno de los puntos más cuestionados del proceso no es solo el contenido de la ley, sino las condiciones en las que se debatió. La audiencia pública previa fue ampliamente criticada. De más de 100 mil personas inscritas, apenas unas 200 pudieron participar. Muchas intervenciones quedaron reducidas a registros formales sin incidencia real en el debate legislativo.
Tampoco hubo una presencia significativa de especialistas en glaciares o hidrología en el centro de la discusión. En contraste, sí participaron actores vinculados al sector minero. En ese contexto, declaraciones como la del secretario de Minería —quien afirmó que “el agua dulce no es un verdadero problema”— terminaron condensando la distancia entre posiciones.
Un conflicto que no termina en el Congreso
La aprobación de la reforma no cierra el tema. Lo desplaza. Organizaciones como Greenpeace, FARN y Abogados Ambientalistas ya impulsan una demanda colectiva que superó las 500 mil firmas en menos de 24 horas. El argumento central es la posible inconstitucionalidad de la norma y su carácter regresivo en materia ambiental. También hay denuncias por conflictos de interés que podrían escalar en paralelo.
Más allá de Argentina
Lo ocurrido en Argentina se inscribe en una discusión más amplia en América Latina. Países como México y Chile enfrentan tensiones similares entre desarrollo extractivo y protección de ecosistemas estratégicos. La votación fue contundente. Pero el debate está lejos de cerrarse.
La nueva ley redefine qué se considera protegible y bajo qué condiciones. También reconfigura quién toma esas decisiones. En el corto plazo, abre la puerta a nuevos proyectos. En el largo, instala una pregunta más incómoda: qué se está dispuesto a perder —y quién asume ese costo— cuando el desarrollo se acelera.
Paula Pissaco