Diana Belén Ramírez García, activista y rescatista de animales, fue localizada sin vida en el Estado de México en semanas recientes. Por este feminicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha detenido a dos hombres, entre ellos su ex pareja, quienes ya fueron vinculados a proceso. Sin embargo, el caso ha generado cuestionamientos más allá de la detención de los presuntos responsables. Colectivos y activistas han solicitado que se investiguen antecedentes de violencia que, aseguran, fueron denunciados por la propia víctima antes de su feminicidio.
De acuerdo con testimonios recabados durante una manifestación en Toluca, Diana Belén había presentado denuncias por maltrato animal, tras la muerte de varios de los perros que rescataba. En estos señalamientos, la activista habría identificado conflictos con personas de su entorno, incluidos vecinos, además de referir situaciones de violencia en su relación de pareja.
Estos antecedentes, sostienen los colectivos, no deben considerarse hechos aislados, sino parte de un contexto de hostigamiento y agresión que podría aportar elementos relevantes para entender el caso en su totalidad. La Fiscalía mexiquense ha señalado que la víctima realizó pre denuncias por hostigamiento, aunque algunas no fueron ratificadas de manera formal ante el Ministerio Público.
Esta situación ha sido cuestionada por activistas, quienes advierten que este tipo de requisitos puede limitar el seguimiento de casos donde ya existen señales de riesgo. El caso también reabre una discusión más amplia sobre el papel del maltrato animal como indicador de violencia escalonada.
Diversos estudios han documentado que este tipo de agresiones puede formar parte de un patrón que posteriormente se extiende hacia personas, particularmente en contextos de violencia de género.
En ese sentido, lo ocurrido con Diana Belén no solo remite a la investigación del feminicidio, sino a lo que ocurrió antes: denuncias, advertencias y conflictos que fueron señalados, pero que no derivaron en medidas de protección efectivas. Para los colectivos, la exigencia es clara: ampliar las líneas de investigación, revisar las denuncias previas y considerar el entorno completo en el que vivía la activista.
Paula Pissaco