Emily Ceco conoció a Santiago Martínez en el reality Love is Blind (Netflix), donde ya se evidenciaban conductas de control; tras denunciar violencia de género, él fue condenado por intento de feminicidio. En contraste, Andrea y Alejandra fueron víctimas de feminicidio en Chimalhuacán tras una relación violenta previa. Dos trayectorias de la misma violencia que muestran quién accede a protección y quién queda expuesta a la impunidad.
La violencia de género no es imprevisible. Sigue un patrón reconocible: comienza con control, se sostiene en amenazas, se prolonga en el hostigamiento y, cuando no hay intervención efectiva, escala. No irrumpe. Avanza. Dos casos recientes permiten observar ese mismo proceso en desarrollo, pero con desenlaces radicalmente distintos.
En el caso de Emily Ceco, la violencia ocurrió en un espacio que, en teoría, lo ve todo: un reality de Netflix. La relación con Santiago Martínez comenzó en Love is Blind, donde ya eran visibles conductas de control que no fueron interrumpidas ni problematizadas. La violencia no estaba oculta, pero tampoco fue leída como tal. Lo que siguió fuera de cámara fue una continuidad: agresiones, amenazas y un contexto de riesgo sostenido.
Emily denunció en febrero de 2025. El caso avanzó. Hubo investigación, juicio y condena. En marzo de 2026, Martínez fue sentenciado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio. La intervención institucional ocurrió antes de que la violencia llegara a su desenlace más extremo. “No esperaron a que me mate”, dijo después del la historia de Andrea y Alejandra en Chimalhuacán, Estado de México, siguió ese mismo patrón de violencia sostenida, pero sin una intervención efectiva.
Alejandra había terminado una relación violenta un año y medio antes. La ruptura no detuvo la agresión. El hostigamiento continuó a través de mensajes, acoso persistente y persecución. Cambió de número telefónico en varias ocasiones, cerró sus redes sociales y ajustó su vida cotidiana para evitar el contacto. Nada de eso logró interrumpir la violencia. Se trató de un proceso prolongado, visible en su entorno, que no derivó en medidas de protección ni en una respuesta institucional oportuna.
El 11 de enero de 2025, ese proceso escaló. Dos mujeres acudieron al domicilio preguntando por ella. La situación derivó en una confrontación y, posteriormente, un hombre —familiar de su expareja— descendió de un vehículo y disparó. Andrea murió en el lugar. Alejandra falleció al día siguiente en el hospital. Su madre también resultó herida. Ambos fueron feminicidios. Y, hasta hoy, no hay personas detenidas, pese a que los responsables fueron identificados desde el inicio.
Las dos historias no son opuestas. Son la misma violencia en momentos distintos. En ambas hay antecedentes, escalamiento y señales suficientes para activar mecanismos de protección. La diferencia no está en el origen. Está en la respuesta. En un caso, la denuncia activó una cadena institucional que logró procesar el riesgo y sancionar al agresor. En el otro, esa cadena no operó a tiempo o no operó en absoluto.
Esto obliga a revisar el lugar que ocupa la denuncia en el discurso público. Denunciar es indispensable, pero no es un mecanismo automático de protección. Funciona solo cuando activa condiciones concretas: evaluación real del riesgo, medidas de protección efectivas, seguimiento y capacidad de intervención. Cuando esas condiciones no están garantizadas, la denuncia no detiene la violencia. La acompaña hasta que escala. Ahí aparece una dimensión política que no puede reducirse a fallas individuales: la desigualdad en el acceso a la justicia.
El caso de Emily Ceco se desarrolló en un entorno de alta visibilidad. La violencia fue observable antes de su judicialización. Circuló, se discutió, generó presión. Esa visibilidad no sustituye la acción institucional, pero sí incide en las condiciones en las que esa acción ocurre. Hace más difícil la inacción.
El caso de Andrea y Alejandra transcurrió en otro registro. Sin cámaras, sin amplificación sostenida, en un territorio donde la violencia de género forma parte de la vida cotidiana y, por lo mismo, tiende a ser menos urgente para el sistema. Ahí, la ausencia de respuesta no es una excepción. Es un patrón.
No se trata sólo de cuándo actúa el Estado, sino de para quién actúa con mayor rapidez, con mayor seriedad y con mayores recursos. Porque la diferencia entre ambos casos no revela dos resultados aislados. Revela una jerarquía. Una en la que no todas las violencias pesan lo mismo, no todas las denuncias activan la misma respuesta.
Paula Pissaco
De la violencia televisada en Love is Blind a dos feminicidios en Chimalhuacán: no es distinto, es desigual
