- Tras una sesión maratónica, el oficialismo logró aprobar los cambios que flexibilizan la protección de zonas periglaciales para fomentar la minería. Organizaciones civiles ya preparan una “demanda colectiva histórica” para frenar la normativa en la Justicia.
El Congreso de la Nación dio sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa, impulsada bajo la gestión de Javier Milei, modifica la histórica norma de 2010 con el objetivo declarado de atraer inversiones mineras, una decisión que ha polarizado al país.
Con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados en Argentina ratificó los cambios que ya habían obtenido luz verde en el Senado. El Gobierno, apoyado por bloques aliados y legisladores de provincias con alto potencial minero —como San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca—, celebró el resultado como el fin de un “bloqueo ideológico” que, según su visión, impedía el desarrollo económico.
Los puntos críticos de la reforma:
La reforma redefine los criterios de protección, limitándola estrictamente a los glaciares que cumplen funciones hídricas demostrables y delegando en las provincias la facultad de determinar qué zonas periglaciales pueden ser explotadas. El oficialismo argumenta que esto otorga “seguridad jurídica” y devuelve autonomía federal sobre los recursos naturales.
La modificación de la Ley 26.639 ha sido calificada como un retroceso en la protección de las “reservas estratégicas de agua”. Los principales puntos de conflicto son:
- Reducción del área protegida: Se permite la actividad industrial en zonas que anteriormente estaban vedadas por ser consideradas ambientes periglaciales (suelos congelados que regulan caudales hídricos).
- Potestad provincial: Al permitir que cada jurisdicción redefina sus límites de protección, los críticos temen que las regulaciones se relajen para favorecer proyectos extractivos.
- Impacto hídrico: Diputados de la oposición advirtieron que esta ley pone en riesgo la seguridad hídrica de las generaciones futuras en un contexto de crisis climática global.
La demanda colectiva “más grande de la historia”
Organizaciones como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas anunciaron de inmediato el lanzamiento de una demanda colectiva.
“Estamos convocando a la ciudadanía a sumarse a una acción judicial sin precedentes para frenar esta ley, que consideramos inconstitucional y regresiva”, expresaron desde el colectivo ambiental.
Denuncian que el proceso legislativo estuvo “viciado” y que se ignoró la participación de miles de personas inscriptas en las audiencias públicas. Mientras se votaba la ley en la madrugada del 8 de abril, miles de manifestantes realizaron vigilias en las inmediaciones del Congreso y en distintas capitales provinciales.
La reforma de la Ley de Glaciares es una reforma orientada a ser fuente de recursos extraídos para el beneficio del Norte Global. Un modelo de extractivismo primario que relega a la región a un rol de periferia proveedora de minerales, a menudo a costa de la autonomía de los pueblos que ancestralmente han coexistido con los glaciares, argumentan colectivos.