- Los militares también enfrentan cargos por tentativa de homicidio contra otros cuatro integrantes de la misma familia
Luego de 11 meses del asesinato de las niñas Leidy y Alexa, de 11 y 7 años respectivamente, 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado en Sinaloa. Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, Sinaloa.
Los militares también enfrentan cargos por tentativa de homicidio contra otros cuatro integrantes de la misma familia, incluidos dos adolescentes de 14 y 12 años, así como dos adultos, de acuerdo con un comunicado emitido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La familia viajaba en una camioneta con dirección a la escuela cuando, al encontrar el camino bloqueado, decidieron retornar a su hogar. En ese momento, un convoy de tres vehículos del Ejército mexicano que circulaba en sentido contrario abrió fuego contra la camioneta familiar sin previo aviso ni justificación. La familia de las menores denunció el uso “ilegítimo y arbitrario de la fuerza”.
Centro Prodh destacó que, mientras la justicia civil ha enfrentado demoras, la jurisdicción militar abrió una investigación paralela, una situación que contraviene los estándares internacionales sobre la indebida extensión del fuero militar en casos de graves violaciones a derechos humanos, asunto que actualmente se encuentra en litigio.
El pasado 31 de marzo, las víctimas fueron notificadas de la ejecución de órdenes de aprehensión contra los 13 elementos del Ejército. Durante la audiencia, agentes del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) presentaron pruebas que, según la fiscalía, acreditaron el uso letal e injustificado de la fuerza, sin observar la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y actuando de manera dolosa.
Militares actuaron bajo un estado de “alerta y nerviosismo”
Centro Prodh precisó que las defensas de los militares, incluyendo una de oficio militar, argumentaron que los soldados actuaron en un contexto de violencia en Sinaloa, bajo un estado de “alerta y nerviosismo”.
Sin embargo, el juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, dictó el auto de vinculación a proceso bajo la figura del dolo eventual. El juez determinó que los elementos, con su adiestramiento y formación en el uso de la fuerza, tenían una alta previsibilidad del resultado letal al disparar contra la camioneta familiar, y no se actualizó ninguna causal de exclusión de responsabilidad.
Los padres de Leidy y Alexa estuvieron presentes en la audiencia, al manifestar cómo este acto de uso arbitrario de la fuerza ha destruido irreparablemente su proyecto de vida y su interés en que la justicia sea expedita.
El Centro Prodh señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá fortalecer la investigación en la siguiente etapa, y el Poder Judicial de la Federación deberá garantizar un proceso respetuoso de los derechos humanos, al demostrar independencia en casos que involucran a las Fuerzas Armadas.
Destacó que existe la expectativa de que las instituciones respondan al desafío de garantizar verdad y justicia, en un contexto donde la impunidad suele ser la constante en violaciones a derechos humanos cometidas por militares.