- Elementos de la FGR realizaron una inspección en la Torre Zafiro del INE, donde está ubicada la Dirección de Recursos Materiales y Servicios que hasta el 27 de octubre estaba a cargo de Mario Alfonso Burciaga Esparza, uno de los funcionarios del INE cercano a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron el primer operativo de inspección dentro de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para asegurar evidencias sobre una presunta red de corrupción que involucra a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
El cateo referido lo ejecutaron elementos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de acuerdo con fuentes del INE citadas por La Jornada.
TAMBIÉN LEE: Renuncia hijo de Taddei como secretario particular de Durazo en Sonora; UIF congeló sus cuentas
FGR catea por primera vez instalaciones del INE
De acuerdo con la periodista Fabiola Martínez, los elementos de la FGR llegaron la mañana del miércoles 11 de noviembre a las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, las cuales tienen su sede en la Torre Zafiro.
El inmueble opera en Periférico Sur 4124, en la colonia Jardines del Pedregal, y también alberga las instalaciones del Órgano Interno de Control (OIC) del propio instituto.
En este sitio, los agentes federales inspeccionaron el área que encabezó Mario Alfonso Burciaga Esparza hasta el pasado 27 de octubre.
Las autoridades ministeriales identifican a este exfuncionario como uno de los asistentes a una cena con el proveedor de materiales electorales José Alfredo Hernández Casillas.
La diligencia marca un avance en las indagatorias sobre las presuntas malas prácticas respecto a los contratos otorgados por el instituto durante la administración anterior.
Contratos millonarios bajo investigación
El personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ejecutó el cateo en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Las fuentes del INE confirmaron que esta acción representa la primera inspección de su tipo dentro de la integración de los expedientes que realiza la FGR.
Las autoridades iniciaron estas pesquisas a partir de diversas denuncias de hechos, entre las que destaca una querella promovida por los propios consejeros del INE.
Los investigadores federales analizan actualmente un audio que circula en redes sociales, donde se escucha la presunta voz del contratista Hernández Casillas.
En dicha grabación, el individuo da órdenes exactas sobre el momento en que las autoridades debían dar a conocer el fallo de la licitación para producir la credencial para votar.
Este convenio representa uno de los acuerdos comerciales más caros del organismo, ya que supera los mil 100 millones de pesos para el periodo de 2026 a 2031.

Revisiones administrativas en el INE
El departamento de recursos materiales pertenece a la Dirección Ejecutiva de Administración, la cual asume la responsabilidad de conducir todas las licitaciones y adjudicaciones del órgano electoral.
Los registros de la institución muestran que Burciaga Esparza coincidió en la estructura administrativa con Jesús García González.
La exconsejera presidenta Guadalupe Taddei designó a este último como encargado de la DEA en septiembre de 2025, a pesar de que fungió previamente como representante jurídico de las empresas vinculadas a Hernández Casillas.
De manera paralela a la intervención penal de la FGR, la Auditoría Superior de la Federación y el OIC mantienen en marcha sus propias revisiones sobre esta trama de corrupción en el órgano electoral.
Estas instancias indagan las presuntas irregularidades administrativas detectadas en los distintos procesos de compra.
Respecto a las responsabilidades penales, el Ministerio Público de la Federación investiga la posible comisión de delitos tipificados en el Código Penal Federal.
Las carpetas de investigación buscan determinar si los exservidores públicos cometieron ejercicio abusivo de funciones, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencia, cohecho y peculado.

