Margarita González Saravia puede tener la voluntad política y el respaldo de Palacio Nacional, pero en Morelos existe un gobierno paralelo que despacha desde Temixco: la Fiscalía General del Estado. A más de un año del cambio de gobierno, la realidad es insostenible: Uriel Carmona Gándara ha convertido al ministerio público no en un órgano de justicia, sino en un despacho jurídico privado financiado con recursos públicos, cuyo único objetivo es evitar su propio encarcelamiento, no el de los delincuentes.
Una fuente interna le reveló a esta redacción que mientras las carpetas de investigación por extorsión en Cuautla y Huitzilac se apilan en escritorios vacíos por “falta de presupuesto”, la oficina del Fiscal ha blindado su nómina con asesores y litigantes dedicados exclusivamente a combatir los juicios de procedencia y las embestidas de la FGR en su contra. Carmona, el heraldo de la “autonomía”, ha pervertido este concepto para crear un cacicazgo judicial. No es que la Fiscalía no funcione; funciona perfectamente para lo que fue rediseñada: garantizar la impunidad de su titular y de la red política heredada del graquismo que lo incrustó ahí por nueve años.
El cinismo es operativo. Los agentes de investigación denuncian bajo anonimato que las órdenes de aprehensión de “alto impacto” se congelan o se ejecutan según el calendario político del Fiscal. Si el Ejecutivo estatal presiona, él “pierde” expedientes; si necesita negociar presupuesto, “encuentra” culpables. El caso de Ariadna Fernanda fue solo la punta del iceberg de una fiscalía especializada en fabricar verdades forenses a conveniencia. Hoy, en pleno 2026, los feminicidios en Morelos siguen topándose con la misma pared: una institución que revictimiza porque está demasiado ocupada salvando el pellejo de su jefe.
Margarita gobierna, pero Uriel manda en la impunidad. Mientras la Gobernadora intenta pacificar el estado con mesas de seguridad, el Fiscal las sabotea desde la inacción. Morelos está secuestrado, no solo por el crimen organizado, sino por un funcionario que ha decidido que el presupuesto para las víctimas se use para pagar su propia libertad.