Durante años, la violencia contra las mujeres en México fue tratada como una suma de casos individuales. Cada asesinato se investigaba como un hecho aislado, cada expediente parecía empezar de cero y cada historia quedaba encapsulada en sí misma. Sin embargo, la experiencia de las mujeres, de las familias y de quienes han acompañado estos casos siempre apuntó en otra dirección: que no se trataba de hechos desconectados, sino de una violencia que seguía patrones, que respondía a relaciones de poder y que tenía un componente estructural.
La propuesta de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio, impulsada por la Secretaría de las Mujeres, parte precisamente de ese reconocimiento. Más allá de establecer penas que pueden alcanzar hasta 70 años de prisión, la iniciativa introduce un cambio de fondo: asumir que la violencia contra las mujeres no es neutra y que, para poder investigarla y sancionarla correctamente, es necesario nombrar sus causas, sus contextos y sus características específicas.
Este punto es central. La ley propone homologar a nivel nacional los criterios para investigar el feminicidio, incorporando razones de género, antecedentes de violencia, signos de abuso, relaciones de subordinación y otras condiciones que permiten entender estos crímenes en su complejidad. No se trata únicamente de clasificar mejor un delito, sino de cambiar la forma en que el Estado lo interpreta.
En la práctica, esto implica reconocer que no todos los asesinatos de mujeres son iguales y que tratarlos como si lo fueran ha sido parte del problema. Durante años, las fallas en la procuración de justicia han sido evidentes: dificultades para iniciar denuncias, reclasificación de delitos, procesos que se diluyen y casos que no avanzan. La nueva ley busca corregir esa dispersión estableciendo estándares comunes y responsabilidades claras para quienes investigan y juzgan estos casos.
Pero el alcance de este cambio va más allá de lo jurídico. Desde una perspectiva feminista, el reconocimiento de que la violencia tiene género implica desplazar la mirada del hecho aislado hacia las estructuras que lo sostienen. Significa entender que estos crímenes no ocurren en el vacío, sino en contextos donde operan desigualdades, estereotipos y formas de control que atraviesan la vida cotidiana de las mujeres.
Ese giro es relevante porque redefine qué se considera importante al momento de investigar. Ya no se trata solo de reconstruir un hecho, sino de identificar patrones, antecedentes y condiciones que permiten comprender por qué ocurre. En otras palabras, la ley no solo busca castigar, sino también mejorar la forma en que se entiende el problema.
Al mismo tiempo, este reconocimiento abre una discusión más amplia. Si la violencia contra las mujeres responde a dinámicas estructurales, entonces la respuesta del Estado no puede limitarse al momento en que el crimen ya ocurrió. La ley avanza en la dirección de una justicia más precisa, pero también deja sobre la mesa la necesidad de intervenir antes: en las trayectorias de violencia, en las señales previas y en los contextos que hacen posible que estos casos se repitan.
En ese sentido, el valor de la propuesta no está únicamente en el endurecimiento de las penas, sino en el cambio de enfoque que introduce. Nombrar que la violencia tiene género no es un detalle técnico, es un punto de partida distinto. Es reconocer que lo que durante años se trató como excepcional forma parte de un problema más amplio.
En un país donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad persistente, este cambio de mirada no resuelve todo, pero sí modifica el terreno sobre el que se construyen las respuestas. Porque cuando el Estado reconoce la naturaleza del problema, también redefine cómo debe enfrentarlo.
Paula Pissaco