- El acuerdo contempla acciones conjuntas, herramientas para juzgadores y acompañamiento especializado para eliminar barreras estructurales, asegurar atención en contextos diversos y garantizar que todas las personas accedan a la justicia en condiciones de igualdad
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el acceso efectivo a la justicia a través de acciones orientadas a promover la igualdad sustantiva y combatir la discriminación en México.
El acuerdo fue suscrito por la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, y el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y contempla mecanismos de cooperación técnica e institucional, además del desarrollo de herramientas que faciliten a las personas juzgadoras incorporar el derecho a la igualdad en su quehacer diario.
Desde el Conapred, Morales Reza destacó que este instrumento va más allá de lo administrativo y constituye un avance en la construcción de un país que garantice la dignidad de todas las personas. Subrayó que el acceso a la justicia debe consolidarse como un derecho efectivo, cercano y comprensible para la población.
“Desde el Conapred sabemos que el acceso a la justicia no puede ser un privilegio. Debe ser un derecho real, en la propia lengua, identidad e historia de cada persona”, señaló, al advertir que un sistema judicial que no reconoce la diversidad corre el riesgo de excluir.
El organismo antidiscriminación desempeñará un papel central en la implementación del convenio, especialmente en acciones de prevención, acompañamiento especializado y fortalecimiento institucional, con el propósito de eliminar barreras derivadas del origen, la condición social o la identidad de las personas.
Compromiso institucional contra la discriminación
Durante su intervención, Aguilar Ortiz afirmó que la SCJN trabaja por “un país que no discrimine, que no sea racista ni clasista”, y enfatizó la importancia de llevar los principios de derechos humanos a la práctica dentro del sistema judicial.
También consideró histórico que dos personas indígenas encabezaran la firma del acuerdo y sostuvo que en materia de derechos humanos “no es suficiente hacer teoría”, sino que es necesario traducir los avances en acciones concretas.
La ministra Lenia Batres Guadarrama aseguró que el máximo tribunal combate activamente todas las formas de discriminación y reiteró el compromiso con la igualdad sustantiva, tanto de género como de grupos históricamente vulnerados.
Por su parte, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía señaló que el convenio representa un compromiso para que la igualdad y la no discriminación dejen de ser únicamente principios constitucionales y se conviertan en reglas que orienten la vida cotidiana.
Articulación interinstitucional y alcance social
En el evento participaron Gilberto Bátiz García y Félix Arturo Medina Padilla, quienes coincidieron en que el convenio permitirá articular esfuerzos para construir una justicia más accesible y sensible a las distintas realidades sociales.
Medina Padilla señaló que este tipo de acuerdos responden a una política de Estado orientada a no dejar a nadie atrás, en línea con el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.
Desde la sociedad civil, Donají Méndez Tello expresó su confianza en que el convenio se traduzca en acciones concretas para garantizar el acceso pleno a la justicia de mujeres, personas afrodescendientes y grupos en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno destacó que los derechos humanos solo se materializan cuando alcanzan a quienes históricamente han sido invisibilizados.
Hacia una justicia con enfoque de derechos
El convenio representa un avance relevante hacia una justicia incluyente, con enfoque de derechos humanos e interculturalidad. A través de este instrumento, la Conapred y el SCJN buscan asegurar que todas las personas accedan a los órganos jurisdiccionales de manera oportuna, comprensible y libre de discriminación.
Con este acuerdo, el Conapred consolida su papel como un actor clave en la transformación del sistema de justicia en México, al colocar la igualdad y la no discriminación como principios rectores en la impartición de justicia.