En México, la salida del país de un menor de edad requiere la autorización de ambos padres. Este requisito también aplica para la emisión de pasaportes y otros trámites oficiales. La norma no distingue si uno de los progenitores no convive con el menor o no cumple con sus obligaciones, como el pago de pensión alimenticia.
El tema volvió a la discusión pública tras el caso de Cazzu y Christian Nodal, que expuso las dificultades para obtener permisos de viaje cuando no hay acuerdo entre ambos padres. A partir de ese contexto, una diputada en Michoacán presentó una iniciativa conocida como “Ley Cazzu”.
La propuesta busca reformar el artículo 4º constitucional para permitir que, en casos de abandono, falta de convivencia o incumplimiento de obligaciones, la persona que ejerce la guarda y custodia pueda gestionar estos trámites sin depender de la autorización del otro progenitor.
Actualmente, cuando uno de los padres se niega a firmar, el único recurso es acudir a un proceso judicial. Estos procedimientos pueden tardar meses o incluso años, dependiendo del caso. Durante ese tiempo, pueden quedar detenidas decisiones relevantes para los menores, como viajes escolares, actividades deportivas, tratamientos médicos o visitas familiares fuera del país.
De acuerdo con cifras citadas en la iniciativa, en México hay más de 11 millones de madres solteras y tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia. A pesar de esto, el marco legal vigente mantiene el mismo nivel de decisión para ambos padres en este tipo de trámites.
La iniciativa también plantea reducir la carga probatoria para quien tiene la custodia, de modo que pueda acreditar de forma más ágil el abandono o el incumplimiento del otro progenitor. El objetivo es evitar que los procesos administrativos se conviertan en mecanismos de bloqueo y garantizar que el interés superior de niñas, niños y adolescentes prevalezca en estos casos.
El caso que dio nombre a la propuesta visibilizó una situación que ya existía. La discusión ahora se centra en si la legislación debe ajustarse a las condiciones reales de cuidado o mantener el esquema actual, que otorga las mismas facultades a ambos padres sin considerar su participación en la crianza.
Canal 13 vía X
Paula Pissaco