- La legisladora Elizabeth Mateos propuso reformar la ley para obligar a las casas de empeño a registrar números de serie e identificadores únicos de vehículos, celulares y equipos de cómputo
Con el objetivo de cerrar el paso a la comercialización de bienes de procedencia ilícita, el Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa para fortalecer la supervisión sobre las casas de empeño. La propuesta, impulsada por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, plantea reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a estos establecimientos a identificar, registrar y conservar información detallada de los artículos que reciben. Mediante la recopilación de datos únicos como el número de serie, el Número de Identificación Vehicular (NIV) o el IMEI, se busca facilitar el rastreo de objetos de valor en caso de que existan investigaciones policiales en curso.
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Controles preventivos para las casas de empeño
La legisladora explicó que actualmente las regulaciones se centran en el comportamiento atípico de quien empeña, pero es indispensable incorporar un análisis basado en las características específicas del objeto recibido. Para sustentar su propuesta, recordó que en los últimos años se han documentado diversos casos de vehículos, motocicletas y maquinaria con reporte de robo localizados al interior de estos negocios o en sus corralones, tanto en la alcaldía Gustavo A. Madero como en otras entidades del país. Aunque aclaró que esto no criminaliza a las empresas, sí evidencia la urgencia de contar con un registro riguroso que reporte inconsistencias ante las autoridades competentes.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis, establece límites claros para no afectar a los usuarios legítimos que carecen de facturas por herencias o regalos, como en el caso de la joyería. Sin embargo, estipula que en los casos donde se presuma la comisión de un delito y el Ministerio Público lo solicite, la prenda deberá permanecer en calidad de depósito dentro del establecimiento sin que pueda comercializarse. Con esta medida, el Poder Legislativo local busca transformar el registro comercial en una herramienta preventiva eficaz que marque la diferencia en el combate a la delincuencia.
